El informe "Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México", elaborado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados, alerta sobre una serie de propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que podrían socavar la independencia judicial en México.
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La iniciativa propone elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces federales y magistrados federales, reducir la duración de su mandato, vincular sus salarios al del Presidente de la República, y establecer un tribunal disciplinario judicial elegido también por votación popular.
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Según el informe, estas propuestas representan una amenaza directa a la independencia judicial, ponen en peligro los derechos de las minorías y son contrarias a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. De aprobarse, podrían socavar las bases fundamentales del Estado de derecho en México.
El informe señala que la elección de jueces por voto popular puede incentivar decisiones judiciales orientadas a obtener votos para la satisfacción de ciertos grupos de interés o políticos, en lugar de juicios imparciales basados en los hechos y el derecho. Además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular y con decisiones finales sin posibilidad de apelación contraviene los estándares internacionales de independencia e imparcialidad judicial.
Las propuestas también incluyen la reducción de la duración del mandato judicial y la vinculación de los salarios judiciales al del Presidente de la República, lo cual, según el informe, podría vulnerar la independencia económica y la autonomía funcional del Poder Judicial de la Federación.
El informe advierte que estas reformas podrían afectar el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, fundamentales para la democracia. Además, constituyen un ataque a la autoridad judicial, iniciado después de que la SCJN invalidara varias propuestas legislativas del Gobierno actual por considerarlas inconstitucionales.
Las organizaciones internacionales y nacionales que suscribieron el informe instan al Congreso de la Unión a rechazar estas propuestas y garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en México.
Las 5 recomendaciones para garantizar la independencia del Poder Judicial
Para garantizar el Estado de derecho y cumplir con las obligaciones internacionales sobre independencia judicial resulta necesario:
- Garantizar que la selección de jueces y juezas se base en méritos y capacidades, y no en votaciones populares.
- Garantizar que el método de selección de jueces y juezas posibilite la emisión de fallos imparciales, fundamentados exclusivamente en hechos y normas jurídicas, y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas.
- Garantizar la estabilidad en el cargo de los y las jueces, con periodos de mandato suficientes e independientes del período del Poder Ejecutivo, permitiendo la destitución solo por causas justificadas, previamente establecidas en ley y con suficientes garantías procesales, incluido el derecho a contar con un recurso de revisión judicial.
- Garantizar la independencia de la autoridad disciplinaria judicial, evitando el nombramiento de sus integrantes mediante votación popular y desvinculando sus periodos de mandato de los del Poder Ejecutivo.
- Garantizar la independencia y estabilidad económica del Poder Judicial, sin vincular los salarios judiciales a los del Ejecutivo u otros poderes con autoridad sobre su remuneración.