Luego de que fuera aprobada la semana pasada modificaciones a la Ley de Amparo, los ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara han manifestado su rechazo a esta reforma, así como la propuesta de elegir por voto popular a los integrantes del máximo tribunal.
Ante ello, los ministros Pérez Dayán y González Alcántara han salido en defensa por la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), en medio de la embestida que desde Palacio Nacional se ha dado contra la Corte y en especial contra la ministra presidenta Norma Piña.
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Desde diferentes foros los ministros Pérez Dayán y González Alcántara han comenzado a manifestar sus posturas en contra del intervencionismos del gobierno federal en las decisiones del Poder Judicial. El ministro Alberto Pérez Dayán quien presidente la Segunda Sala de la SCJN, señaló que la reciente aprobación en materia de amparo limita los efectos de las resoluciones que dictan los jueces a través de los juicios de amparo, ya que representa una vía efectiva para proteger los derechos de los ciudadanos previstos en la Constitución ante las acciones arbitrarias e indebidas de la autoridad.
La reforma a la Ley de Amparo, limita a los jueces a dictar suspensiones con efectos generales en juicios de amparo que cuestione la constitucionalidad de una ley o ante ciertos proyectos del Estado mexicano.
“El pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico es, sin lugar a ninguna duda, el juicio de amparo”, asentó. “Por ello es responsabilidad y tarea de todos protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la Legislatura. No puedo dejar de expresar mi preocupación, precisamente, por la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, conocida por todos nosotros”, refirió el ministro en un foro en Yucatán.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que el Poder Judicial de la Federación está abierto a escuchar todas las voces y críticas que se le hagan al sistema de justicia, para mejoras institucionales que tomen en cuenta las necesidades y las demandas reales de la sociedad, así lo manifestó el pasado 18 de abril durante al cuarta sesión del Encuentro Nacional Seguridad y Justicia en Oaxaca.
González Alcántara reiteró que la responsabilidad del Poder Judicial es garantizar el respeto de la Constitución, a partir de lo cual se debe generar una relación sinérgica de respeto y colaboración entre los diversos poderes que contribuya al fortalecimiento de la democracia y, sobre todo, al empoderamiento de las y los ciudadanos.
El ministro señaló que actualmente se esta viviendo una etapa de cambios importantes en el país que requieren de una justicia cercana, de una justicia integral, de una justicia transparente, en la que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
Ataques del presidente al Poder Judicial
El pasado 3 abril, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que en un sistema presidencial el titular del Poder Ejecutivo tiene un espacio privilegiado para poder lanzar ataques poderosos en contra del Poder Judicial, mismo que no cuenta con foros equiparables para contestarle.
Durante su participación en la Conferencia Inaugural del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2024, organizada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, el ministro de la Corte afirmó:
“Esto es notorio en los sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado del cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestionar la legitimidad de la Judicatura, que no cuenta con un foro equiparable para responder”.
El ministro Alcántara dijo que el Estado de Derecho y la división de poderes están en un “punto crítico” que exige soluciones inmediatas.
Los objetivos de la reforma contra el Poder Judicial
El Ejecutivo plantea que ministros de la Corte, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados electorales, entre otras personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tengan una reducción de sueldos, para que ninguno de estos funcionarios gane más que el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Además, ante la política de austeridad republicana y racionalidad del gasto público, se propone eliminar el privilegio que reciben los ministros de la Corte, consistente en la posibilidad de recibir un “haber por retiro” o pensión vitalicia una vez que concluyan su encargo. Esta disposición no aplicará para los ministros en retiro que ya perciben dicho haber de retiro al tratarse de un derecho adquirido, limitándose a los Ministros en funciones y a aquellos que resultasen electos para ocupar dichos cargos.
La reforma señala que se busca modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones.
También, se busca crear órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial.
Se señala que impulsan la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial, sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables.