El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que en un sistema presidencial el titular del Poder Ejecutivo tiene un espacio privilegiado para poder lanzar ataques poderosos en contra del Poder Judicial, mismo que no cuenta con foros equiparables para contestarle.
Al participar este martes en la Conferencia Inaugural del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2024, organizada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, el ministro de la Corte afirmó:
“Esto es notorio en los sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado del cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestionar la legitimidad de la Judicatura, que no cuenta con un foro equiparable para responder”.
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Javier Cruz Angulo publicó en Nexos un texto sobre el choque del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su opinión “el presidente de la República ataca al Poder Judicial Federal desde la mañanera, los congresistas de Morena amenazan con juicio político a los ministros y ministras, y la calle de Pino Suárez ha sido flanqueada por un grupo de manifestantes violentos para hacer una supuesta clausura de la Corte. Los ataques del poder ejecutivo iniciaron en 2018, pero estos en realidad se recrudecieron a partir de la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2023, y alcanzaron un nivel sin precedentes hace unos pocos días con la invalidez de la primera parte del llamado Plan B”.
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Piden a AMLO trabajar con el Poder Judicial
En abril de 2023 la International Bar Association solicitó al presidente López Obrador “que trabaje con el Poder Judicial y la profesión legal para abordar cualesquiera las inquietudes sobre su funcionamiento con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en el país”.
López Obrador acababa de declarar en contra de la Corte luego de que el 18 de abril ésta resolvió que era inconstitucional la reforma promovida por AMLO de transferir el control de la Guardia Nacional dirigida por civiles a Defensa.
Otros comentarios de Andrés Manuel López Obrador contra la Corte fueron hechos el 23 de marzo de 2023, cuando acusó al Poder Judicial Federal de estar “completamente distorsionado” y “afectado por la corrupción”, con una tendencia a proteger a la élite y no al pueblo.
“El presidente López Obrador también comparó a los jueces con diez o más años de antigüedad con ‘gánsteres’, basándose en la suposición de que cuanta más experiencia tengan los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos”, advirtió la IBA. AMLO había afirmado también “que la Suprema Corte es parte de la ‘mafia del poder’ y que su ‘sólo dios es el dinero’”.
En su intervención de este martes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que el Estado de Derecho y la división de poderes están en un “punto crítico” que exige soluciones inmediatas.
“No son propiamente el gobierno, pero tampoco son la oposición en el sentido específico en que se suelen utilizar, por lo menos en nuestro país, en esos términos. El respeto a su independencia, entonces exige a los integrantes de los otros Poderes, reconocer esta distinción, distinción central entre la naturaleza de sus funciones y abordar el diálogo institucional, pero de buena fe”, expuso.
El 8 de mayo de 2023 el pleno de la Corte votó en favor de invalidar la primera parte del Plan B electoral, que incluye la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ellos deciden que una ley una iniciativa de ley enviada por el ejecutivo, y aprobada por el poder legislativo, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados, de manera autónoma, de forma independiente, no violaron absolutamente nada, nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley, los ministros de la corte que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del poder judicial”, dijo en respuesta el presidente López Obrador.
En diciembre del 2020 expertos alertaron que en la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, ésta se vio como guardaespaldas del presidente López Obrador.
Javier Oliva, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que por ser cada caso diferente no se puede establecer, en términos analíticos, un denominador común para todos.
"Cada caso tiene una lógica diferente, individual. Por ejemplo, en el caso de la guardia nacional y la utilización de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, son planteamientos hechos por los interesados, pues un poco atrasados; las fuerzas armadas tienen más de 30 años colaborando en labores de seguridad pública. Y en el caso de la extinción de dominio hay una situación un tanto de imprecisión, de acuerdo a lo leído en los medios de comunicación por parte de la Corte que no ha actuado con más celeridad o determinación", expuso en ese momento.
-¿Podría ser esto una decisión política? ¿Entenderse que la Corte este cuidando al presidente?, se le preguntó para ese reportaje de diciembre de 2020.
-Llegar a esta conclusión sería muy grave porque entonces no habría división de poderes. Me parece más bien que la lógica es que cada caso es diferente. Yo no podría argumentar que hay un condicionamiento político de la Corte hacia la presidencia de la República, contestó Oliva.
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