Durante su conferencia mañanera de este 12 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre presuntas maniobras de la oposición para perpetrar un "fraude electoral" desde el Poder Judicial, con el objetivo de anular los resultados de las elecciones federales. El mandatario señaló que jueces le han solicitado abstenerse de abordar temas relacionados con periodistas, la candidata Xóchitl Gálvez y el proceso electoral, amenazándolo con recopilar supuestas infracciones para invalidar los comicios.
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"Quién sabe qué los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer fraude desde los tribunales? ¿Dónde están los demócratas?", cuestionó López Obrador desde Palacio Nacional.
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En respuesta, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, afirmó que cualquier funcionario público, incluido el presidente, debe ceñirse a lo estipulado por la ley durante el proceso electoral, de lo contrario, podrían enfrentar sanciones. "Ni nos tiembla la mano ni nos doblamos", dijo en sesión pública.
Por su parte, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD rechazaron las acusaciones del Ejecutivo, argumentando que reflejan la desesperación ante la posibilidad de una derrota electoral. Señalaron que tales declaraciones carecen de fundamento y buscan desacreditar a la oposición debido a la incertidumbre sobre el resultado electoral.
El pasado 9 de marzo, conviene recordar, el TEPJF ratificó las medidas cautelares decretadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no emita ningún tipo de comentario o expresión relacionada con el proceso electoral 2024.
La resolución de la Sala Superior fue votada en una sesión no pública donde se discutió la preocupación de que las conferencias matutinas del Ejecutivo y sus actividades puedan violentar los principios de neutralidad y equidad en las elecciones del próximo 2 de junio, al incidir en comentarios referentes al voto.
AMLO vs el Poder Judicial
El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de iniciativas, entre las que destaca la reforma al Poder Judicial, ahí el Jefe del Ejecutivo busca la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, entre otras propuestas; esto, como parte de las diferencias que ha tenido con la Corte desde la designación de Norma Lucía Piña como magistrada presidenta de la SCJN.
En el texto de la reforma señala que el gobierno de López Obrador sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia en México, es la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) señaló que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial busca restarle independencia, lo que deriva en un ataque a la Constitución y a los principios que fundamentan la democracia en México.
Magistrados y jueces externaron en un comunicado su preocupación por la iniciativa de reforma del presidente López Obrador para desnaturalizar el proceso de designación de juzgadoras y juzgadores federales, lo que implica una injerencia en la independencia judicial y causa daño a los derechos humanos de los ciudadanos de México.