El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en el Congreso de la Ciudad de México, conocida como la “Ley Godoy”.
Esta reforma, promovida por Morena, modifica el procedimiento de ratificación del o la titular de la fiscalía de la CDMX, permitiéndole buscar la reelección por otros cuatro años sin necesidad de participar en una terna. Este cambio fue propuesto con el objetivo de beneficiar a la entonces titular, Ernestina Godoy, en su intento por permanecer en el cargo.
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El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue aprobado con una mayoría de 10 votos y con el voto en contra del ministro Luis María Aguilar.
En su argumentación, el ministro señaló que la demanda interpuesta por los diputados de oposición en el Congreso de la Ciudad de México no logró demostrar vicios en el procedimiento legislativo que pudieran invalidarlo.
Asimismo, aseguró que se cumplieron las reglas de votación y de publicidad, y se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas.
“La propuesta considera que se siguieron tanto las reglas de votación como la debida publicidad. Asimismo, se respetó el derecho de participación de las diversas fuerzas políticas a lo largo de todo el trámite legislativo.
“Se advierte que durante la sesión del 9 de mayo del 2023 donde se discutió y votó el dictamen de mérito, concurrieron 36 legisladores, de los 66 que integran el Congreso Local. De estos 36 integrantes, 34 votaron a favor del dictamen, uno en contra y otro se abstuvo, por lo que se cumplió con la mayoría legal requerida para la aprobación de la reforma”, indica el proyecto.
Además, afirmó que la Ciudad de México cuenta con libertad para diseñar sus propias instituciones de procuración de justicia, por lo que no hay razón para que el proceso de ratificación siga los mismo pasos del nombramiento inicial.
“La primera, que se respetará la autonomía e imparcialidad de la institución; en segundo lugar, que el diseño fuera acorde con las funciones de las Ciudad de México, como capital y como sede de los poderes de la unión, y en tercer lugar, que el modelo elegido fuera respetuoso de los derechos humanos y de los principios constitucionales relevantes aplicables”.