Del 2019 a 2022, las 32 Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) que integran el brazo operativo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en las entidades federativas subejercieron más de 346 millones de pesos (mdp) que el Gobierno federal les asignó por medio de subsidios para dar continuidad al fortalecimiento de los organismos y sus actividades tras su creación con la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición en 2017.
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Según datos obtenidos por La Silla Rota a través de solicitudes de transparencia, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ministró alrededor de 1,790 mdp en esos cuatro años a los estados, siendo 2021 el año que alcanzó más recursos (casi 582 mdp) y seguido por 2022 (casi 554 mdd) y 2023 (528 mdp), aunque el monto de cuánto subejercieron los CLB el año pasado aún no ha sido fiscalizado.
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Aunque la información no fue entregada de manera completa -es decir, hay espacios huecos en casos como Guanajuato, Yucatán y Querétaro, donde el gasto en búsqueda es desconocido desde 2019- los datos muestran que, en su mayoría, hubo subejercicios en casi todos los gastos. En seis ocasiones a lo largo del periodo, por ejemplo, seis entidades ejercieron 0 pesos de los subsidios pese a la crisis en materia de desaparecidos que atraviesa el país.
Los estados que más dinero desperdiciaron del Gobierno federal para buscar personas desaparecidas o no localizadas entre 2019 y 2022 fueron Chihuahua (casi 43 mdp), Jalisco (39 mdp), Coahuila (38 mdp), Puebla (casi 25 mdp) y Baja California (22 mdp). Mientras que las entidades que más recursos de los subsidios han ejercido son Coahuila (180 mdp), Baja California (73 mdp), Veracruz (72 mdp), Sinaloa (casi 71 mdp) y San Luis Potosí (62 mdp).
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Además de Querétaro, los estados con más opacidad en el gasto de las CLB son Yucatán, con solo su presupuesto ministrado y ejercido en 2022 y 2023 disponible, y Durango y Oaxaca, con solo dos de sus cuatro ejercicios transparentados.
En 2023, las entidades que recibieron el mayor presupuesto de ese año (más de 24 millones de pesos) fueron Baja California, BCS, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
“La obligación de la búsqueda eficaz es de los gobernadores, es de sus secretarías de Gobierno, no de la federación”
Según Valentina Peralta Puga, consejera Nacional de Búsqueda de Personas, el funcionamiento de las comisiones locales recae en gran parte en los gobiernos locales, pues la Ley obliga a todas las entidades federativas a crear y fortalecer las comisiones de búsqueda estatales, incluso con recursos económicos que deberían representar entre 80-90% de su gasto. La realidad, agregó, es que las CLB operan en su mayoría con subsidios federales.
“La obligación de la búsqueda eficaz es de los gobernadores, es de sus secretarías de Gobierno, no de la federación”, comentó.
“Sería muy interesante que, además de conocer las aportaciones que como subsidio esté otorgando la secretaría de Gobernación a cada entidad federativa, conocer cuánto están asignando los gobiernos locales a las comisiones locales de búsqueda … Por eso la federación, las aportaciones que hace, es en calidad de subsidio. Nada más es un complemento para lo que no les alcance con lo que les asigne de presupuesto cada gobernador”, aclaró la experta en temas de búsqueda y también miembro de colectivos de madres buscadoras.
El estatus de cómo opera y quiénes siguen laborando en este organismo federal, que se creó a base una reforma de 2017, junto a sus subsidiarias locales, continúa bajo escrutinio luego de que en enero estallaron varias denuncias de despidos injustificados, además de un supuesto intento para desmantelar todo lo que había logrado su extitular, Karla Quintana, cuya renuncia en agosto presuntamente se debió a presiones del Ejecutivo por maquillar los reportes de personas desaparecidas, que, en aquel entonces, rebasaban los 100 mil.
Según la última actualización de Segob el 18 de marzo, la cifra de personas desaparecidas o no localizadas bajó en a 99 mil 729 luego de que se localizaran 20 mil 193 personas desde enero. Está nueva cifra se da luego de que, a finales de diciembre de 2023, la Secretaría actualizó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) tras ajustar la cifra nacional de desaparecidos de 110,964 a menos de 13,000 por obra del llamado “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador que supuestamente involucró un cruce de bases de datos oficiales y censos “casa por casa”.
Justamente en enero, La Silla Rota recabó el testimonio de un exempleado del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en Xochitepec, Morelos, quien aseguró que, tras los despidos masivos este año, el proyecto que nació en 2022 con el fin de ayudar a identificar los más de 52,000 cuerpos que siguen sin ser reconocidos en todo el país se quedó casi vacío.
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Desconoce Segob plantilla de personal en 32 comisiones de búsqueda
Por otra parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), adscrita a la secretaría de Gobernación de Luisa María Alcalde Luján, desconoció cuántos empleados integran su plantilla de trabajo en las 32 comisiones locales que operan en todo el país, pese a que los subsidios para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en cada entidad aumentó alrededor del doble entre 2019 y 2023.
“Después de haber realizado, una búsqueda, razonable, minuciosa y exhaustiva de la información, tanto en archivos físicos y/o electrónicos que obran en esta Dirección, no se localizó información alguna, es decir, el resultado de la Búsqueda, arrojo cero datos relativo al número de empleados que conforman los organismos (CLB)”, contestó la CNB que ahora dirige Teresa Reyes Sahagún vía solicitud de transparencia, en posición de La Silla Rota. Por su parte, en una solicitud distinta, la Segob se declaró incompetente para responder la pregunta, toda vez que dicha información, indicó, recae en la Comisión.