El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido diversas pugnas con el Poder Judicial de la Federación, pero ahora se da una situación, dónde avanza la Reforma a la Ley de Amnistía, que da facilidades al mandatario para liberar a personas que han sido sentencias por diversos delitos, mientras el gobierno federal reprueba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda eliminar la prisión preventiva oficiosa, que dejaría en libertad a unos 68,000 presuntos delincuentes.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
El pasado miércoles 17 de abril, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amnistía que turnó a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación. De ser aprobada y promulgada la Ley de Amnistía dará vía libre al presidente en turno de liberar incluso a criminales que colaboren para esclarecer casos de interés para el Estado.
Te podría interesar
El presidente López Obrador aplaudió el aval del Senado a la reforma de la Ley de Amnistía y dijo que ésta servirá para el caso Ayotzinapa.
El mandatario mexicano también indicó que con la ley de Amnistía se podría liberar a Israel Vallarta, avisado de secuestro y que de acuerdo a declaraciones del propio presidente se violaron sus derechos humanos.
Con la Ley de Amnistía, el Ejecutivo tira cualquier sentencia que haya sido dictada por el Poder Judicial de la Federación, con el que el gobierno de AMLO ha tenido diversas pugnas.
Una de las más recientes, fue resaltada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien aseguró que envió una carta a las ministras y ministros de la SCJN para advertirles de los riesgos que se corren si el máximo tribunal del país elimina dicha medida cautelar.
Según la funcionaria, de eliminarse la prisión preventiva oficiosa se liberarían a más de 68,000 presuntos criminales.
Será el próximo mes de septiembre, que la SCJN analicé el proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa, por considerar que la medida cautelar viola los derechos humanos, cómo lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado, el organismo interamericano exigió al gobierno de México eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerarla violatoria a las convenciones de derechos humanos.