El gobierno federal advirtió que se podrían dejar en libertad alrededor de 68,000 presuntos delincuentes, si los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminan la prisión preventiva oficiosa, tema que ha estado en la mesa del máximo tribunal del país, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido, en el pasado, a México eliminar esa medida cautelar, por considerarla que viola los derechos humanos.
Los señalamientos del gobierno mexicano se derivan precisamente de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 2023 contra el Estado mexicano que le exigió eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa por considerarla violatoria a los derechos humanos y porque esa medida cautelar es contraria a la Convención Americana.
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Sentencia de la CIDH contra México
La sentencia emitida a principios de 2023 se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados del asesinato en 2001 de la regidora del municipio Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en el Estado de México.
García Rodríguez y Reyes Alpízar estuvieron alrededor de 17 años en prisión preventiva, lo que ha representado el tiempo más largo que alguien ha estado en la cárcel en México sin sentencia, hasta que en 2019 quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022, fueron condenados a 35 años de cárcel, aunque en marzo de 2023, un juez absolvió a Alpízar por falta de pruebas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ordenó en 2023 al Estado mexicano eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa con el fin de cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, ha otorgado un año para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, que ordena el pago de indemnizaciones a García Rodríguez y Reyes Alpízar. por concepto de daños materiales e inmateriales.
"La Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas por la aplicación de esa figura al caso concreto", destaca la sentencia de la CIDH.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, entre otros, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa.
Prisión preventiva oficiosa y la SCJN
El año pasado, el ministro Jorge Pardo Rebolledo pidió inaplicar la prisión preventiva oficiosa y negar órdenes de arriago, en acatamiento a la sentencia de la CIDH en el caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar, por violar los derechos a la libertad personal, a ser escuchados, la igualdad y la presunción de inocencia.
"Debido a que la prisión preventiva oficiosa entendida como automática resulta contraria a los derechos de la libertad personal", indicó el ministro de la SCJN.
La propuesta del ministro será analizada en los próximos meses que pretende determinar la forma en que el Poder Judicial de la Federación debe dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH.
En abril del año pasado, el gobierno mexicano expresó su compromiso por adecuar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"(El gobierno mexicano) analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones", destacó en un comunicado en abril de 2023.
El organismo interamericano dio un año al gobierno mexicano para que informe del cumplimiento de la sentencia en el caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar por daños materiales e inmateriales.
Situación que hasta el momento no se ha dado una respuesta, por el contrario, el gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde advirtió que si la SCJN elimina la prisión preventiva oficiosa se corre el riesgo de liberar a alrededor de 68,000 presuntos delincuentes.
Proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat
Y es que en septiembre próximo el máximo tribunal del país, analizará el proyecto que propone invalidar el Artículo 19 Constitucional para inaplicar la prisión preventiva oficiosa en algunos casos.
Será el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat el que se ponga a análisis en la SCJN, que busca acotar la ampliación de la lista de delitos.
El proyecto de la ministra Ríos Farjat propone no aplicar la prisión preventiva en los siguientes casos:
- Desaparición forzada
- Delitos electorales
- Corrupción
- Delitos relacionados con hidrocarburos
- Robo a establecimientos
- Robo a equipaje o daños y perjuicios derivados del robo de transporte de carga, robo a pasajeros, robo al turismo o transporte privado
En la SCJN se ha expuesto que la prisión preventiva oficiosa no debe exceder de los dos años, contrario a lo que ha sucedido en diversos casos, como el de Daniel García y Reyes Alpízar, que pasaron 17 años en prisión preventiva, sin recibir sentencia.
En octubre pasado, el debate de la prisión preventiva oficiosa estuvo nuevamente en la SCJN, cuando la Primera Sala atrajo un amparo de un caso de Puebla, que fue promovido por Ana Laura Huerta Niño, quien fue acusada de participar en noviembre de 2022 en el secuestro de una mujer y de sus cuatro hijos menores de edad.
Gobierno se opone a debate de la prisión preventiva oficiosa
Para el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está excediendo en sus atribuciones.
“Creemos que la SCJN no solo se excede, sino que toma la decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, afirmó este martes 16 de abril la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Aunque la resolución de la Corte Interamericana obliga al estado mexicano, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones, una sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, indicó Luisa María Alcalde.
En el pasado, la SCJN ha debatido la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, proyectos que han sido presentados en su momento, en octubre de 2022 fue una propuesta del ministro Luis María Aguilar, que tras dos días de debate decidió retirarlo para replantearlo.
Incluso también el entonces ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar apoyó inaplicar la prisión preventiva.
“Se hace un abuso indiscriminado de la prisión preventiva, llámese oficiosa o justificada, nuestras cárceles están llenas de mexicanas y mexicanos a los cuales no se les ha dictado sentencia y tendrían que estar siendo procesados en libertad”, indicó Zaldívar cuando presidió el máximo tribunal del país.
SCJN debatirá en septiempre la prisión preventiva oficiosa
Ahora, ante la discusión en septiembre próximo en la SCJN sobre la eliminación de la prisión preventiva, Luisa María Alcalde anunció que el gabiente de Seguridad envió una carta a las ministras y ministros del máximo tribunal del país, sobre los riesgos que se corren de eliminar la prisión preventiva oficiosa porque se liberarían a 68,000 presuntos delincuentes, entre los que se encuentran 11, 639 casos por homicidios, 7,149 por secuestro y 5, 617 por violación, entre otros.
La entidad con mayores casos se encuentra el Estado de México con 21,718, indicó la secretaria de Gobernación y la que menos casos tiene es Durango con apenas 30.
“La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto”, afirmó la funcionaria federal.