ARTURO ZALDÍVAR

¿La 4T tiene los votos suficientes para desaforar a Norma Lucía Piña como exige Arturo Zaldívar?

Morena requiere de cierto número de votos para que pueda proceder el desafuero contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña; especialista en derecho constitucional, en entrevista con La Silla Rota, advierte que es una "ofensiva política"

Norma Piña y Arturo Zaldívar.Créditos: Cuartoscuro
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El ministro en retiro Arturo Zaldívar, afín a la 4T anunció que presentará una demanda de juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña luego de que la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal ordenó una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción. Pero para que progrese el desafuero, Morena debe contar en el Congreso con los votos suficientes. 

Aunque actualmente Morena se encuentra con algunos obstáculos en el Congreso, para que progrese la demanda de juicio político contra la ministra Norma Lucía Piña; el primer es que en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, integrada por cuatro diputados hay dos morenistas y dos legisladores de partidos de oposición, donde de debatir el desafuero se daría un empate. 

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¿Qué es la Sección Instructora?

La Sección Instructora es una instancia integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público incluido en el artículo 110 constitucional, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el denunciado.

El artículo 110 constitucional señala que podrán ser sujetos de juicio político diputados y senadores federales, ministros de la Corte, consejeros de Judicatura, secretarios de Despacho, Fiscal General de la República, magistrados de Circuito, jueces de Distrito; consejero presidente y consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, entre otros varios. Y precisa “las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

¿Morena cuenta con los votos suficientes para el desafuero de Norma Piña?

Morena enfrenta otro obstáculo en el Senado de la República, donde Morena y los partidos aliados, lograrían apenas 72 votos, de los 86 que son necesarios para que pueda proceder el desafuero. Así que la demanda de juicio político al menos en la presente legislatura tendrá que esperar. 

Para que progrese la demanda de juicio político contra Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN es necesario que Morena logre en la próxima legislatura la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. 

Zaldívar se sumó desde octubre pasado a la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Sigamos Haciendo Historia, alianza formada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

El ministro en retiro ha sido arropado por Morena luego que se dio a conocer la investigación de la Judicatura contra Arturo Zaldívar y varios de sus excolaboradores por presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación. 

Zaldívar anuncia demanda contra Norma Piña

Arturo Zaldívar afirmó el martes 16 de abril que buscará llevar a juicio político a la ministra Norma Lucía Piña, a quien señaló que la investigación en su contra es como una venganza contra la 4T. 

El ministro en retiro indicó que por la supuesta "irregularidad, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con fundamento en el artículo siete fracciones, primera y tercera de la Ley Federal de responsabilidad de los servidores públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su organización y la determinación de su presidencia así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolorosa filtración del auto admisorio".

El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades estipula que son motivo de juicio político el ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, violaciones a derechos humanos, usurpación de atribuciones perjuicios graves a la Federación o violaciones graves y sistemáticas a los presupuestos de la administración pública; y no procederá el juicio político por la mera expresión de ideas.

Juicio político contra Norma Piña es una ofensiva política: especialista

El juicio político que impulsa el exministro Arturo Zaldívar contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, se trata más de una ofensiva contra la ministra, que de una respuesta jurídica a su presunta intervención indebida en el proceso electoral, como lo ha señalado Zaldívar, consideró un especialista en derecho constitucional.

“Realmente no tiene mayor repercusión lo que está haciendo el ministro, salvo que poner en el escenario público a la ministra. Zaldívar tendría el problema de que la ministra goza de fuero, justamente para evitar este tipo de ataques. Requeriría una declaratoria de procedencia la Fiscalía para poder actuar en contra de ella”, explica Baldomero Mendoza, especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho.

En entrevista con La Silla Rota, señala que la Fiscalía por mayor interés que tenga en perjudicar a la ministra, no podría ejercer acciones penales en su contra porque ella goza un fuero.

Los pasos que tendrían que seguirse para que el juicio político procedería sería extensos e implicarían en primera instancia acudir a la Cámara de Diputados para buscar retirarle el fuero.

“Tanto para el juicio político que dice que la van a procesar, que es un procedimiento que termina solamente en inhabilitación o declaratoria de procedencia, se requieren determinado número de votos que Morena no tiene. Se trata más bien de una ofensiva en contra de la ministra, que realmente una respuesta jurídica. Jurídicamente no tendría mayor repercusión sobre la ministra”.

Baldomero señala que si se quisiera proceder penalmente contra la ministra Norma Piña, se tendría que iniciar un proceso de desafuero, lo cual, considera, es un escenario muy difícil.

“Morena tiene planeado desde hace tiempo reformar al Poder Judicial. Ahora lo quieren utilizar políticamente para decir que hay una injerencia política de la Corte hacia los temas electorales. La actitud de la ministra ha sido la correcta, tendría que mantenerse todavía en una condición de imparcialidad y cuidando la autonomía del Poder Judicial”.

Demanda de juicio político contra ministros de la Corte

Anteriormente se han presentado demandas de juicio político contra ministros, pero no han progresado en el Congreso, incluso están en la “congeladora”. En julio de 2023, Morena presentó una demanda de juicio político contra los ministros de la SCJN, incluyendo a Arturo Zaldívar. 

“Como con este artículo de la Ley Federal de Responsabilidades deberá desahogarse la demanda de juicio político presentada en contra de algunos ministros de la Suprema Corte, desde ahora puede pronosticarse su evidente improcedencia”, estimó José Ramón Cossío, ministro en retiro en ese momento.

En la Cámara de Diputados han quedado sin resolver juicios políticos contra ministros, de acuerdo a lo declarado en 2019 para La Silla Rota, por Martha Patricia Ramírez, diputada por Morena, titular de la Sección Instructora.

Aseguró que al asumir su cargo, le fue entregada una bodega con 33 expedientes que no fueron o bien, no han sido resueltos por anteriores legislaturas. 

“Son expedientes que estaban embodegados o en archivo, encontramos acusaciones de juicios de procedencia contra dos ministros de la Suprema Corte, seis gobernadores, tres Jefes de Gobierno, dos presidentes de la República y dos procuradores de Justicia local y federal, entre otros funcionarios públicos”, comentó.

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