Se fue por voluntad propia. O al menos esa es la versión oficial que se difundió sobre la probable renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, él ya lo sabía; el ex director del Cisen, ex secretario de Seguridad Pública, ex procurador de justicia y ex embajador, sabía que estaba a un paso del desafuero, del ya conocido juicio político que se desahoga en la Sección Instructora de la cámara de Diputados para retirar el fuero a funcionarios públicos a fin de que puedan enfrentar acusaciones jurídicas ante la ley.
Si lo sabrá René Bejarano, ex secretario de Gobierno del DF que pasó por ahí para enfrentar en libertad las acusaciones de promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita y delito electoral. Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en aquel entonces era Jefe de Gobierno del DF y debía enfrentar la acusación de desacato que tenía en su contra.
La noticia corrió en minutos; extra oficialmente estaba confirmada la renuncia, pero no de manera oficial. De ahí que la Suprema Corte de Justicia emitiera un breve comunicado para informar que no contaba con elementos para confirmar dicha renuncia, pero que se mantenía a la espera del trámite correspondiente.
Con solo cuatro años en el cargo (de un total de quince) Medina Mora llevaba a cuestas acusaciones de enriquecimiento ilícito mismas que ya eran investigadas por la secretaría de Hacienda. Es por ello que se esperaba a corto plazo, una solicitud de desafuero en su contra.
El artículo 110 constitucional señala que podrán ser sujetos de juicio político diputados y senadores federales, ministros de la Corte, consejeros de Judicatura, secretarios de Despacho, Fiscal General de la República, magistrados de Circuito, jueces de Distrito; consejero presidente y consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, entre otros varios. Y precisa “las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
SECCIÓN INSTRUCTORA
Martha Patricia Ramírez, diputada por Morena, sabe de lo que habla no solo por ser titular de la Comisión de Jurisprudencia y Sección Instructora de la cámara baja; sino porque además de abogada, cuenta con experiencia judicial desde hace 45 años como ministerio público y secretaria de acuerdos en juzgado.
“En la Sección Instructora no se juzga, pero se toman tres aspectos para quitar un fuero: que se advierta la existencia de un delito, la probable responsabilidad del imputado y que el imputado tenga fuero. Me llama la atención que, en este caso, la Sección Instructora cuenta con cuatro integrantes cosa que no debería ser par sino non, porque de lo contrario las votaciones pueden terminar en empate”, explica.
En entrevista con LSR esta legisladora explica que al asumir su cargo, le fue entregada una bodega con 33 expedientes que no fueron o bien, no han sido resueltos por anteriores legislaturas. “Son expedientes que estaban embodegados o en archivo, encontramos acusaciones de juicios de procedencia contra dos ministros de la Suprema Corte, seis gobernadores, tres Jefes de Gobierno, dos presidentes de la República y dos procuradores de Justicia local y federal, entre otros funcionarios públicos”, enlista.
La lista, consultada por LSR, señala solicitudes de desafuero que datan desde la 59 legislatura. Diez de éstas llegaron en la 60 legislatura y once en la 61 legislatura; ambas del sexenio del ex presidente Felipe Calderón). Dos en la 62 legislatura y ocho más en la 63 legislatura, ambas del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Y dos más en la actual 64 legislatura.
En los casos de los dos ex ministros, las denuncias fueron hechas por particulares. El primer caso (que data de 2005 y que por leyes de transparencia se impide publicar el nombre del funcionario acusado) señala textual en su resolución “se deshecha por improcedente en virtud de no haber aprobado elementos de pruebas suficientes”.
El segundo caso (de fecha entre 2015 y 2018 y del cual tampoco es posible publicar el nombre del funcionario aludido), señala textual en su resolución “se desecha por notoriamente improcedente la denuncia formulada por el particular ya que el ciudadano no se encuentra en aplicación del sentido propio del artículo 111 constitucional”. Es decir, el funcionario ya no tenía dicho cargo.
“La gran mayoría de estos asuntos fueron resueltos como notoriamente improcedentes por no cumplir con alguno de los tres requisitos ya mencionados. En otros casos se desechó desde un inicio el inicio de juicio de procedencia. Y otros se resolvieron sobreseyendo porque los funcionarios ya habían perdido el fuero, por ejemplo, porque ya no tenían ese cargo”, precisa la diputada Ramírez.
“CONGELADORA POLÍTICA”
En su totalidad los 33 expedientes se fueron, literalmente, a la congeladora. LSR constató que no era la llamada “congeladora política”, sino la bóveda con que cuenta la Comisión Jurisdiccional y Sección Instructora, ubicada en el edificio F del palacio de San Lázaro. Ahí, bajo doble llave y previo aval del personal de vigilancia, se encuentran a baja temperatura (similar a la del congelador de un rastro) las cajas con la totalidad de los expedientes heredados por las cinco últimas legislaturas.
“Cuando entramos a trabajar aquí para organizar cada caso, caja por caja, era muy difícil por el frío que hay y que conserva estos papeles a fin de que no se les hagan hongos”, explica una de las abogadas que trabaja en el área y cuyo nombre prefiere resguardar. “Todo estaba en desorden, cajas apiladas sin más. Recién pedimos la colocación de anaqueles para poder ordenar todo”, precisa.
En el futuro, y con el objetivo de que no se repita esta la historia, la legisladora presentará ante la cámara baja una iniciativa de ley para crear un reglamento específico para la comisión jurisdiccional y sección instructora. Además, entregará un informe al pleno a fin de que éste vote el destino final que deberían tener los 33 expedientes. “Para dejar esto listo sin ningún pendiente, cada caso y caja con su resolución correspondiente para que los diputados lo voten y se finiquite el tema”.
LA RENUNCIA DE MEDINA
La renuncia del ex ministro Medina Mora, después de ser aceptada por el presidente López Obrador en función de las causas que haya expresado el ex funcionario, deberá ser aprobada por mayoría simple en el Senado. Este procedimiento determinará si las causas que expone Medina Mora pueden catalogarse o no, como graves. De ser aceptada en esos términos, la SCJN podrá aceptarla en términos del artículo 98 constitucional para luego informar al Consejo de la Judicatura; y posteriormente convocar a la elección de un nuevo ministro cuya terna deberá proponer el presidente López Obrador y en su caso, aprobar o rechazar el Senado.
Sin Medina Mora, la SCJN contará -por ahora- con un total de diez ministros; cabe mencionar que en abril la fracción de Morena en el Senado propuso ampliar el número de ministros de once a 16, siendo los nuevos cinco ministros integrantes de una nueva tercera sala que se crearía específicamente para tratar temas de corrupción.
Bajo el contexto de esta renuncia y un probable juicio de desafuero que el ex funcionario evitó con su decisión, la presidenta de la Sección Instructora sentenció “ojalá que haya cada vez menos necesidad de recurrir a juicios de procedencia para que podamos concluir que nuestros funcionarios se portan cada vez mejor. En mi opinión personal, Medina Mora se tardó porque nosotros los abogados creemos que en la Corte debe existir gente con carrera judicial y mucho se dijo que su llegada a la Suprema Corte era como un pago o premio de consolación. La realidad es que hay otros perfiles con honorabilidad y carrera judicial que pueden ser ministros”.
JGM