LEY DE AMPARO

Barra Mexicana de Abogados rechaza reformas a la Ley de Amparo, pide parlamento abierto

La Barra Mexicana de Abogados expresó su rechazó a la aprobación en comisiones del Senado de la Ley de Amparo, que busca frenar que jueces tiren reformas del Ejecutivo Federal

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La Barra Mexicana de Abogados (BMA), manifestó su rechazo a la aprobación a la iniciativa de la Ley de Amparo, que avanzó en comisiones del Senado de la República y que prevé atar de manos a los jueces para que no tiren reformas del Ejecutivo aprobadas en el Congreso, aunque sean inconstitucionales.

La reforma contempla cambios a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, la cual, busca limitar la capacidad de actuación de los jueces para declarar inconstitucional alguna reforma promovida por el Ejecutivo Federal, destaca la Barra Mexicana de Abogados.

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"La reforma propuesta busca restringir las facultades de las personas juzgadoras para suspender normas generales, en contradicción con la reforma constitucional de 2011, que reconoció los derechos humanos como el parámetro de validez de todo el orden constitucional mexicano", precisa la BMA en su cuenta de la red social X.

Precisó también que, en consonancia con la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) reconoció que los efectos del amparo pueden beneficiar a terceros ajenos a la controversia.

"Lo que es deseable para proteger los derechos de naturaleza colectiva y difusa que impactan en el orden público y el interés social", indicó la asociación.

Ante la situación, la Barra Mexicana de Abogados hizo un llamado al Congreso para realizar un parlamento abierto previo a la discusión y aprobación de la reforma a la Ley de Amparo.

“Es fundamental mantener la facultad constitucional de las personas juzgadoras para otorgar suspensiones y proteger así los derechos humanos, tanto en su vertiente individual como colectiva, evitando violaciones irreparables a los mismos en perjuicio de todas las personas en territorio mexicano”, precisó la asociación.

La propuesta a la reforma a la Ley de Amparo fue aprobada el pasado 10 de abril por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados en comisiones del Senado de la República.

Senadora priista acusó violaciones al proceso legislativo

Previo a la aprobación, la senadora Claudia Ayala, denunció violaciones al proceso legislativo por parte de Morena, ya que precisa que los legisladores fueron convocados para sesionar y votar sobre la reforma a la Ley de Amparo, sin embargo, no les   llegó el dictamen, para poder hacerlo como dictan los protocolos.

La senadora del PRI indicó que los atropellos a los procesos legislativos, le ha costado a Morena reformas, ya que la oposición las ha tirado. 

Las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y los artículos 103 y 107 de la Constitución federal, que pretenden frenar al Poder Judicial, darían todo el poder al titular del Ejecutivo en el país, advirtieron especialistas consultados por La Silla Rota.

"La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es para limitar y establecer que no se puede conceder la suspensión de una ley cuando esta se ataque o sea considerada inconstitucional", explica Mariano Calderón, Socio de Santamarina y Steta, experto en Litigio Constitucional.

El especialista señaló que, en caso de aprobarse esta iniciativa, una persona va a poder inconformarse en contra de una ley que considere inconstitucional y promover un juicio amparo.

Sin embargo, durante el tiempo que dure dicho proceso se le puede aplicar esa ley al quejoso, es decir: "Tiene que cumplir con la ley y va a resentir los efectos negativos de esa ley o de ese acto de la autoridad sin que se pueda paralizar en lo que se resuelve si es inconstitucional o no".

"Lo que buscan es que se emita una ley en cualquier sentido, una ley que puede ser abiertamente inconstitucional, por ejemplo, lo que se buscaba con el plan B en materia electoral, se aprueba terriblemente mal sin seguir los procedimientos, elimina completamente las funciones del INE o lo que decida esa ley. Cualquier ciudadano podría promover un juicio amparo, pero no se podrían paralizar los efectos de esa ley durante el año o dos años que dura el juicio", explicó el experto.

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