El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto, una vez más, hacer cambios a la ley electoral mediante su paquete de 20 reformas que envió este 5 de febrero a la Cámara de Diputados para que se reduzca a más de la mitad el número de legisladores que conforman al Poder Legislativo, que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos mediante el voto popular y que los partidos políticos reciban menos financiamiento público, entre otras cosas.
Lee aquí la iniciativa de AMLO en materia electoral
La reforma constitucional, una versión reeditada del segundo decreto del "plan B" electoral que tumbó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio del 2023 por violaciones al proceso legislativo, es parte de las iniciativas impulsadas por el mandatario federal durante la recta final de su sexenio. Estas requerirán dos terceras partes de ambas cámaras legislativas, además del aval de 17 congresos locales, para ser aprobadas y, de lograrlo, la Corte estaría impedida para revertirlas, ya que no podrán ser impugnadas.
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La nueva propuesta mantiene varios de los puntos propuestos por el mandatario federal en el ahora invalidado el “plan b” de 2022. Por ejemplo, se insiste en cambiar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual asumiría las tareas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) pese a que su financiamiento será menor.
En su exposición de motivos, la iniciativa que reforma más de 15 artículos de la Constitución indica que se busca ”ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad, en los poderes públicos; insertar el principio de austeridad en el sistema electoral y de partidos; facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública; fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, y homologar los procesos electorales locales y el método de representación”.
Estos son los 11 puntos que se proponen
- Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad.
- Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder.
- Garantizar la libertad política para todas las ciudadanas y ciudadanos.
- Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
- Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judiciales únicas, bajo el principio de la austeridad.
- Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
- Se eliminan 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa. Este principio aplicará para la elección de diputados locales en las entidades federativas.
- Se establecen parámetros poblacionales objetivos para fijar el número de legisladores locales, regidores y concejales.
- Se reduce a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se regulan las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos.
- En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular.
- Se incorporan en los temas que no pueden ser objeto de consulta popular los relacionados con el sistema fiscal, incluyendo sus bases, tasas y tarifas, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional. Asimismo, se elimina la restricción de aquellas vinculadas con la materia electoral y a las obras de infraestructura en ejecución.
Menos legisladores y consejeros electorales
En lo que respecta a las consejerías del Instituto (actualmente 11) y las magistraturas del TEPJF (7), la propuesta sugiere que sean siete consejeros y siete magistrados los que conformen a los árbitros electorales. Todos deberán ser elegidos mediante el voto popular en una elección extraordinaria que “se llevará a cabo en un plazo no mayor a un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. La Cámara de Diputados y el Senado de la República tendrán un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria respectiva”. La presidencia del INEC le corresponderá a aquella persona que haya recibido el mayor número de votos, mientras que la presidencia del TEPJF, “se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de cuatro años”, expone la iniciativa.
Por otra parte, esta reforma propone eliminar a los plurinominales, es decir, sólo tomarían protesta aquellos legisladores que ganaron sus respectivas contiendas electorales por la mayoría relativa: 300 diputados y 64 senadores. Actualmente, el Senado se integra por 128 senadores y senadoras, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional. Mientras que la Cámara de Diputados se divide en 300 representantes elegidos por votación mayoritaria relativa y 200 diputados que son electos por la representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales.
Menos financiamiento a partidos
El presidente también sugiere “reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral”. Lo anterior, bajo la premisa que se derrocha mucho dinero público en las elecciones. Por lo que, del 65%, la reforma busca disminuir el “financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y tres por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.”
Para este proceso, el INE ya aprobó un histórico récord de 10 mil 444 millones de pesos, alrededor de 54% más que los 6 mil 778 millones de pesos aprobados para las elecciones presidenciales de 2018, que irán en su mayoría al partido Morena (3 mil 159 mdp), seguido por el PAN (mil 900 mdp), PRI (mil 866 mdp), Movimiento Ciudadano (mil mdp), Partido Verde (893 mdp), PRD (751 mdp) y el PT (719 mdp). También hay una partida de 66 millones de pesos para candidaturas independientes.
¿Qué opina el INE?
El INE señaló que es respetuoso de la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, sin embargo, esta no modifica el desarrollo de los procesos electorales Federal y concurrentes que se llevan a cabo en 2024 y cuya Jornada Electoral será el próximo 2 de junio, ya que éstos se llevan a cabo con la legislación vigente y cualquier proceso de reforma que se inicie no tendrá incidencia en los mismos.
Avisó a la ciudadanía que las próximas elecciones de 2024 contarán con altos estándares de calidad organizativa, transparencia y certeza en sus resultados, pues las reglas actuales han sido puestas a prueba en diversas elecciones con éxito.
Destacó que, al finalizar el proceso electoral actual, sería necesario tener un diálogo público sobre esta reforma, de modo que se analice el sistema electoral actual con insumos recientes y diagnósticos precisos que fortalecerían el proceso legislativo.
“El INE está abierto al diálogo y al debate público que deben imperar en una democracia como la mexicana, por lo que pone a disposición de las y los legisladores, todos los insumos técnicos necesarios en la materia, en favor del fortalecimiento de la democracia”, agregó el árbitro electoral.