TRIBUNAL ELECTORAL

En riesgo independencia judicial, si jueces son elegidos por votación: Tribunal Electoral

El magistrado Felipe de la Mata señaló que la independencia judicial garantiza la división de poderes, pues si no hay división de poderes no puede hablarse realmente de una Constitución

Felipe de la Mata Pizaña planteó que los jueces también deben tener independencia externa, contra las poderes del Estado
Felipe de la Mata Pizaña planteó que los jueces también deben tener independencia externa, contra las poderes del EstadoCréditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIÓN el

La selección de jueces no debe ser sometida a votación, así lo afirmó Felipe de la Mata Pizaña magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante su participación en la Conferencia Magistral Independencia Judicial ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

"Si un juez pierde su independencia, se convierte en político”, aseguró De la Mata Pizaña.

En su exposición el magistrado del Tribunal señaló que la selección de estos jueces debe de ser por méritos y sin la injerencia de otro poder y mucho menos con consideraciones políticas o de entes partidistas.

De la Mata Pizaña afirmó que la independencia judicial es un tema de gran importancia y trascendencia por lo que subrayó que la independencia judicial garantiza la división de poderes. Un país donde no exista independencia judicial no puede llamarse democrático, tan claro como eso.

"¡Si no hay independencia judicial no hay división de poderes! ¡Si no hay división de poderes no puede hablarse en los hechos realmente de una Constitución! En los hechos dejaría de ser un Estado constitucional para convertirse en un Estado, por utilizar palabras filosóficas antiguas, tiránico, dictatorial, en términos modernos”.

El magistrado se pronunció porque en la independencia de la judicatura haya remuneraciones adecuadas no fastuosas, personas seleccionadas mediante criterios objetivos, permanencia en el cargo, inamovilidad de los jueces y prohibición de suspensión arbitraria.

Además planteó que los jueces también deben tener independencia externa, contra las poderes del Estado, “por ello los jueces deben tener, por ejemplo, inmunidad judicial, no necesariamente fuero, pero sí inmunidad judicial”.

Reforma al Poder Judicial

En la Mesa de Opinión El Heraldo de México-La Silla Rota del pasado 21 de febrero, el investigador y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar, cuestionó la presentación de la “nueva” iniciativa de Reforma Judicial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que esta es la segunda propuesta presentada en esta misma administración. 

Salazar expresó su desconcierto al señalar que se esté presentando una nueva iniciativa cuando la propuesta anterior, presentada y aprobada en 2021, aún está pendiente de surtir todos los efectos y consecuencias para los que fue diseñada.

Gilberto Santa Rita, académico y ex coordinador de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, comentó que la intención del presidente de proponer esta iniciativa es para “generar un cambio”.

Sin embargo, destacó su preocupación, especialmente en lo referente a la elección de los altos cargos de la Suprema Corte mediante el voto popular, considerando que esta decisión podría deberse a la premura que enfrenta el presidente por el término de su sexenio. 

Elección por voto popular 

Por otro lado, el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM argumentó que la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular es un despropósito. Explicó que la legitimidad de las personas encargadas de juzgar, desde jueces hasta ministros de la Corte, no debería derivar de una legitimidad democrática política.

“Ese mecanismo electoral democratico es venturoso y positivo en el ámbito de los órganos de representación y de los órganos de gobierno”.

Salazar enfatizó en que las personas juzgadoras no deben representar a sus votantes, sino garantizar a todas las personas que la Constitución será respetada, que las leyes serán aplicadas y que poseen la imparcialidad para situarse por encima de las partes y los conflictos, permitiéndoles emitir sentencias con autoridad jurídica y moral para resolver conflictos.