Este lunes 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de iniciativas, entre las que destaca la reforma al Poder Judicial, ahí el Jefe del Ejecutivo busca la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, entre otras propuestas.
Lee aquí la iniciativa de AMLO en materia de reforma del Poder Judicial
En el texto de la reforma señala que el gobierno de López Obrador sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia en México, es la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones.
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Se destaca que la iniciativa tiene el objetivo de reformar el sistema judicial mexicano e incorporar en la Constitución una serie de salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las Ministras y Ministros de la Corte, las Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior con el propósito de que los nuevos miembros del Poder Judicial sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público.
Se prevé, como otro punto clave, la sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, separado funcional y orgánicamente de la Corte.
Se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades amplias para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas, y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que no cumpla la Constitución y las leyes o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia, observando en todo momento las formalidades esenciales del debido proceso, pero privilegiando la justicia y el interés colectivo.
Esto busca garantizar la autonomía en el Poder Judicial, la independencia y especialidad técnica, así como desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento y formación de jueces y magistrados; la creación de nuevos órganos jurisdiccionales; el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial; además de las funciones sancionadoras y de disciplina del personal, que hoy se encuentran a cargo de la presidencia de la SCJN y de consejeras y consejeros de la judicatura.
El tercer punto clave de la reforma es la vinculación de las autoridades responsables de impartir justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.
Otros objetivos de la reforma contra el Poder Judicial
El Ejecutivo plantea que ministros de la Corte, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados electorales, entre otras personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tengan una reducción de sueldos, para que ninguno de estos funcionarios gane más que el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Además, ante la política de austeridad republicana y racionalidad del gasto público, se propone reformar eliminar el privilegio que reciben los ministros de la Corte, consistente en la posibilidad de recibir un “haber por retiro” o pensión vitalicia una vez que concluyan su encargo. Esta disposición no aplicará para los ministros en retiro que ya perciben dicho haber de retiro al tratarse de un derecho adquirido, limitándose a los Ministros en funciones y a aquellos que resultasen electos para ocupar dichos cargos.
La reforma señala que se busca modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones.
También, se busca crear órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial.
Se señala que impulsan la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial, sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables.
Revés a reformas en Congreso y SCJN
La asociación Buró Parlamentario estima que las iniciativas que envió López Obrador no tendrán éxito, tomando en cuenta a un estudio realizado donde destaca que algunas propuestas se quedan en el Congreso, o bien otras son frenadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo a Buró Parlamentario, el 34 por ciento de 36 iniciativas enviadas al Congreso, se han quedado en las comisiones de la Cámara de Diputados, mientras que el 4 en el Senado.
Además, otras han sido frenadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió recientemente con la reforma eléctrica de 2021, que fue declarada inconstitucional.