GASTO PÚBLICO

FGR de Gertz Manero remata edificio inservible tras 19S

El edificio que fue la sede central de la extinta PGR, hoy a la venta, quedó inservible tras el devastador sismo que azotó la Ciudad de México del 19 de septiembre de 2017.

Créditos: Cuartoscuro
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El Gobierno Federal puso a la venta, por segunda ocasión, los edificios que sirvieron por casi 30 años como sede de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- y que actualmente se encuentran en desuso debido a que quedaron inservibles tras el sismo de 7.1 grados que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2019.

Los edificios se encuentran en Avenida Paseo de la Reforma números 211 y 213, en la colonia Cuauhtémoc y durante los últimos años han sido objeto de disputas legales y concesiones fallidas.

No obstante, esta semana, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda autorizó “la enajenación Ad Corpus” de dichos inmuebles, lo que significa que las instalaciones no podrán venderse por separado y se entregarán en el estado en el que se encuentran; es decir, inutilizables

El acuerdo mediante el cual los edificios se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación fue firmado por Víctor Julián Martínez Bolaños, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

De acuerdo con el documento, las dos torres y su anexo tendrán que ser compradas en una sola exhibición y su costo no podrá ser inferior al que determine el Indaabin, a través de un avalúo. Asimismo, determinaron que los impuestos, derechos, honorarios y gastos que se originen por la operación de compra-venta serán cubiertos por el nuevo dueño. 

Los edificios, ubicados entre las calles Río Neva y Río Guadiana cuentan con dos sótanos, planta baja y 16 niveles, que, en su momento, fueron destinados a oficinas para empleados de la PGR. Además de estas construcciones, las instalaciones cuentan con un anexo, el cual también tiene un sótano, planta baja y cinco niveles.

Los tres cuerpos funcionaron como uno solo y compartieron áreas, servicios e instalaciones.

Tras los daños del sismo, la PGR mudó sus operaciones al edificio ubicado en Avenida de los Insurgentes N° 20 por el que pagan alrededor de 18 millones de pesos al mes. El contrato fue realizado por 4 años (2019-2022) y en durante ese tiempo, la FGR pagó 869 millones 464 mil 358 de pesos.

A partir de 2023, la dependencia comenzó a renovar el convenio cada 6 meses. El primer contrato se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, el segundo convenio, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2023, no se ha liberado para su consulta. La misma situación se presenta en las cláusulas acordadas con el arrendador en los primeros meses de 2024.

La Fiscalía General de la República renta este inmueble en lo se construyen sus nuevas instalaciones, las cuales estarán ubicadas en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca y tendrán la capacidad de albergar a 2 mil 700 empleados administrativos y operativos.

Desde 2021, la dependencia -dirigida por Alejandro Gertz Manero- inició los trabajos de esta edificación que lleva por nombre ‘Parque Nacional de la Justicia’ en un terreno de 163 mil metros cuadrados. Este lugar fue entregado a la FGR a través de dos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de junio de 2020.

El primero de ellos ordena ceder a la dependencia 86 mil 979 metros cuadrados, mientras que el segundo establece la donación a la FGR la superficie de 76 mil 408 metros cuadrados. Ambos predios están ubicados en la Carretera Federal México-Toluca, kilómetro 14.5, en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Los terrenos estaban destinados a la extinta Policía Federal para la construcción de un cuartel.

En 2011, el proyecto se desechó y los predios quedaron en el abandono. El principal motivo fue la oposición de los habitantes de la zona.

Estas nuevas instalaciones tendrían que haberse entregado en septiembre de 2022; sin embargo, la obra no fue entregada en el tiempo acordado por los contratista, por lo que las empresas solicitaron un plazo de siete meses más para concluir los trabajos. La nueva fecha fue pactada para el 15 de abril de 2023. 

Hoy, la obra ya tiene más de nueve meses de retraso en su entrega.