La Fiscalía General de la República (FGR) afirma tener un expediente basado en pruebas para la autorización de la detención de una persona relacionada con el homicidio del entonces candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 en la colonia de Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Según la institución existe evidencia de sangre, radizonato de sodio, videos, así como testimonios para sustentar su hipótesis. La dependencia reconoce no contar con un vídeo visual para sustentar sus acusaciones en contra de un supuesto segundo tirador.
A través de un comunicado la dependencia considera un encubrimiento por parte de las autoridades al momento de integrar las investigaciones a favor de Jesús Alberto Chávez Hernández.
Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a (Jorge Antonio Sánchez Ortega), agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente (Genaro García Luna), quien era Subdirector Operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana.
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La dependencia afirma contar con datos de prueba para demostrar la presencia de Jorge Antonio Sánchez Ortega en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”.
Sin especificar los nombres de las personas, la FGR asegura contar con “un gran número de testimoniales”, “las cuales señalan al acusado (Jorge Antonio Sánchez Ortega) en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”.
La dependencia no detalla si los testimonios de las personas incluidas en su investigación fueron presentados como evidencia ante el titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, una orden de captura contra Jesús Alberto Chávez.
“Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
La dependencia, también asegura que uno de los videos no permite observar a Jesús Alberto Chávez Hernández al momento de la agresión.
“El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”.
Para la FGR, el juez que negó la orden de detención contra el ex elemento del Cisen, “el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”.