Las jubilaciones anticipadas de jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación (PJF) han experimentado un aumento este año, con un total de 121 retirados entre enero y octubre, en comparación con solo 30 en 2023, según datos obtenidos por El Universal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) vía transparencia. Este incremento de tres veces en el número de retiros se da en el contexto de la reciente reforma judicial aprobada en septiembre, que incluye cambios drásticos como la elección popular de jueces y magistrados.
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La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre, ha generado descontento y preocupación en el sector judicial. La insaculación o “tómbola” realizada por el Senado para definir a los posibles candidatos a elección pública dejó fuera a 820 jueces y magistrados, quienes declinaron participar en el proceso de elección, lo que muchos consideran una amenaza a la independencia judicial y una presión adicional sobre sus carreras.
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La reforma también ha llevado al CJF a ajustar sus políticas de jubilación para facilitar el retiro voluntario a una menor edad. Desde el 23 de septiembre, se ha permitido que los jueces y magistrados puedan jubilarse a partir de los 55 años con un mínimo de 25 años de servicio, mientras que anteriormente la edad mínima era de 65 años. Según el magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro, esta flexibilización ha incentivado a muchos jueces y magistrados a optar por la jubilación anticipada antes de los cambios previstos para el futuro del PJF.
Además de la elección popular, la reforma establece la desaparición de fideicomisos destinados a la seguridad laboral de los jueces, lo cual ha incrementado la incertidumbre entre quienes aún no cumplen con los requisitos de jubilación. Se espera que estas medidas tengan efectos a largo plazo en la carrera judicial, afectando la estabilidad financiera de muchos impartidores de justicia.
Otro factor de preocupación es la posible eliminación de las pensiones complementarias, tema que ha sido debatido en la Cámara de Diputados. Esta pensión adicional es una prestación importante para quienes cuentan con años de servicio en el PJF, y su posible eliminación ha llevado a varios jueces a considerar su retiro anticipado para asegurarse de que recibirán el beneficio bajo las condiciones actuales.
Discusión por el haber de retiro
Un intenso debate se generó después de que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, sugiriera que se analiza la posibilidad de no aceptar las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La medida busca impedir que los ministros accedan a sus compensaciones por retiro, en medio de la controversia generada por la reciente reforma judicial que plantea un nuevo proceso de elección de ministros por voto popular.
La reforma judicial, aprobada en septiembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que los ministros que deseen conservar su compensación de retiro deberán renunciar antes del cierre de la convocatoria para competir por un cargo judicial, programado para el 31 de octubre de 2024. Sin embargo, los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum han añadido una dimensión crítica al debate, al señalar que varios ministros buscan retirarse ahora para asegurar el pago de su haber de retiro.
Sheinbaum cuestionó la postura de los ministros, argumentando que la renuncia en este momento es un intento de asegurar beneficios económicos antes de la implementación completa de la reforma. Fernández Noroña, en una comunicación previa con la SCJN, había advertido que los ministros que opten por no participar en la elección del 2025 deberán renunciar antes del 30 de octubre para poder recibir su compensación. Esta postura fue reforzada después de las declaraciones de Sheinbaum en las que consideró que los haberes de retiro son excesivos.
La reforma judicial, impulsada por Morena, establece que solo los ministros que cumplan con los términos de la convocatoria recibirán una compensación proporcional al tiempo en el cargo. Aquellos que decidan no competir o no resulten electos no recibirán dicha compensación, a menos que presenten su renuncia antes de la fecha límite. Este marco ha generado inquietud y presión en la SCJN, con al menos siete ministros ya confirmados que no participarán en la elección popular programada para junio del próximo año.