Tras un sexenio que modificó en cinco ocasiones -todas fallidas- su estrategia de abasto de medicamentos para el sistema público de salud, la industria farmacéutica recibe con “optimismo cauteloso” el programa anunciado en la materia por el gobierno Sheinbaum, pero llama la atención sobre obstáculos que pueden evitar un esquema integral, con suficiente abasto, regulación ágil, diagnósticos eficaces, y que atienda una deuda rezagada estimada en más de 2,000 millones de pesos, sólo por lo que toca al sector.
Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), asumió en conversación con La Silla Rota y el portal de noticias filial Su Médico, que hay que “mirar hacia adelante” ante lo ocurrido con la administración López Obrador. Pero aludió con claridad a un ciclo dominado por “la incorporación de personas sin experiencia ni conocimiento”; “confusión en las políticas establecidas”; “cuellos de botella en la entidad reguladora”. Y una “plena incapacidad en el manejo de la pandemia que, según el INEGI, impuso en México un retroceso de tres años en la expectativa de vida”.
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“Nunca se compró el volumen de medicinas necesario, lo que indujo un desabasto que obligaba a que en lo individual los hospitales públicos de todo el país hicieran compras de emergencia, aceptando producto de menor calidad, origen incierto y precios más altos, con riesgos de corrupción”, refirió el directivo de la organización que agrupa a cerca de 50 firmas de fabricantes, en su gran mayoría de medicamentos genéricos.
De Villafranca subrayó la relevancia de que la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, conduzca el liderazgo sobre el programa anunciado recientemente, que busca colocar una compra consolidada de medicamentos para dos años, lo que supondrá la compra de 3,000 millones de piezas, de 1,700 claves (medicinas) diferentes. Se trata, dijo, de la licitación más grande en la historia del país.
Llamo la atención sobre la deuda que “heredó” a la actual administración el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya existencia corrió apenas entre enero de 2020 y abril de 2023, a cuyo frente fue colocado por el presidente López Obrador el tabasqueño Juan Antonio Ferrer, estudioso de temas arqueológicos. En ese lapso se agotó el fondo que había acumulado el extinto Seguro Popular, y se generaron las deudas arriba descritas.
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El presidente de Amelaf refirió que tras la extinción del Insabi, la Secretaría de la Función Público y el sector buscaron abatir el impago para los fabricantes de medicamentos, que sólo por lo que toca a los afiliados a ese organismo se acercaba a 2,000 millones de pesos, cifra que se ha reducido en cerca de 50%. Ello no incluye pagos pendientes con las farmacéuticas extranjeras proveedoras de medicamentos de patente y de innovación, como tampoco a las compañías de dispositivos y equipos médicos.
Juan de Villafranca alertó que, producto de las fracasadas políticas en el sexenio anterior, creció mucho el mercado de atención médica privada. “Cuando una persona derechohabiente necesitaba una medicina para su hijo o familiar y su clínica no se la proporcionaba, se iba a la farmacia de la esquina, o de plano se atendía en los consultorios que éstas han abierto”.
“¿Se produjo por esta vía una privatización de la atención de salud?”, se le preguntó.
“Sí, creció el “gasto de bolsillo”, aquel que haces para comprar de tu bolsa medicamentos que debería proporcionarte la clínica a la que estás afiliado y por lo que pagas una cuota, como el IMSS o el ISSSTE”.
El directivo de Amelaf indicó que toda estrategia del sistema de salud pública debe poner al centro al paciente, que requiere acceso en diversos niveles: a centros de salud dignos y equipados, a médicos suficientes y competentes, con los insumos necesarios, como medicamentos y equipos especializados.
Confió en que el nuevo modelo anunciado por la presidenta Sheinbaum y el secretario Kershenobich “maximice” el uso del presupuesto, combata la corrupción y fortalezca el abasto de medicinas. Indicó que debe atenderse el riesgo de que las existencias actuales de medicamentos se agoten antes de que empiecen a fluir las entregas contratadas bajo la nueva compra consolidada, que se concretará, dijo, no antes de los primeros meses de 2025.
Expresó igualmente la necesidad de fortalecer la tarea del ente regulador Cofepris, orientada a validar la eficacia y seguridad de los nuevos medicamentos que entrarán al mercado, que en muchos casos son productos innovadores o biotecnológicos que pueden salvar la vida a un paciente grave, con cáncer, por ejemplo. Pero el proceso de autorización puede tardar siete años, o más.
De Villafranca sostuvo que Cofepris cuenta con profesionales capacitados, pero carece de los recursos necesarios para desarrollar su labor. La mayor parte de los ingresos que obtiene por pago derechos son entregados a la hacienda pública, contrario a la práctica internacional de retenerlos para fortalecerse.
Confió en que el proceso de digitalización que desarrollará el nuevo programa a cargo de Salud permita un diagnóstico más oportuno de las necesidades existentes, la trazabilidad de los cargamentos de medicinas que serán distribuidos en el país, la agilización de las entregas por parte de los fabricantes, así como pagos oportunos a los mismos.
Expresó su expectativa de que los recursos destinados a la salud de los mexicanos vayan aumentando durante el presente gobierno, subrayando que se trata de una inversión que evitará no sólo mayor sufrimiento humano sino costos sociales adicionales por atender a pacientes con enfermedades críticas que ponen en riesgo la vida.