Martha Gabriela Sánchez dedicó 36 años de su vida a la carrera judicial. Este jueves entregó su notificación de que no participará en la elección de jueces y aún no tiene claro cuál será su futuro profesional. Ella es una de los 380 magistrados que declinaron la posibilidad de ir a las elecciones como lo dispuso la reforma judicial.
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Martha Gabriela comenzó a trabajar en el Poder Judicial poco tiempo después de que se puso en marcha la reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo para renovar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lograr la independencia del PJF. En esta etapa, ascendió gracias a sus calificaciones en exámenes hasta uno de los cargos más altos dentro de la institución.
Entre los requisitos para participar en a los exámenes de jueza y ministra, tuvo que contar con una maestría y una serie de cursos. Además, recuerda que con sus compañeros organizaron grupos de estudios porque tenían que tener un dominio en las áreas de derecho administrativo, laboral, civil y penal.
“Antes, la única forma para llegar a ser juez de distrito era ser propuestos ante la Corte por nuestro titular. Con la reforma del 95 empezó la carrera judicial, que nos dio la posibilidad de acceder a los concursos”, explicó Martha Gabriela.
Para el cargo de juez tuvo que competir con 900 aspirantes y 50 para magistrados. En ambos casos presentó un examen que acreditó su conocimiento teórico. Después, realizó una prueba oral y uno práctico.
“Quizá mi futuro es en la academia para dar clases o lo mejor litigar. Me apasiona la cuestión de conocer los problemas que hay en la gente e impartir justicia”, explicó Martha Gabriela
En el quinto intentó logró acreditar el examen para ser juez
Dinora Hernández declinó a la posibilidad de buscar un puesto mediante elección porque cree que la ciudadanía no tendrá la suficiente información para evaluar la experiencia de 10 mil candidatos a jueces.
Ella no alcanzó el puesto por popularidad, sino que debió presentar el examen de oposición que la convirtió en juzgadora en cinco ocasiones.
Además, explicó que, al implementarse la reforma judicial de 1995 el Poder Judicial logró alcanzar una paridad de género en los cargos de jueces y ministros porque se implementaron exámenes de género.
“Soy digna de un concurso de género en donde participaron mil 500 compañeras que reunía los requisitos, quedamos 25 en la etapa de conocimientos, después quedamos 50 para un examen escrito y uno de oposición ante sínodos, una consejera, una magistrada y una jueza de distrito”, manifestó Dinora Hernández.
De acuerdo con su testimonio, mediante un estudio se comprobó que las mujeres eran quienes menos ascendían en la carrera judicial porque descuidaban su profesión al cuidar a sus hijos y haciendo labores domésticas. Al implementarse los exámenes de género participaban la misma cantidad de mujeres y hombres.
Debido a que la reforma judicial termina con su carrera judicial de 23 años, todavía no sabe cuál va ser el rumbo de su vida profesional. En ocasiones, piensa que quizá se dedique a una actividad relacionada con el arte, pero también quiere seguir luchando para revertir los efectos de las recientes reformas a la Constitución.
Cuestión de principios
En un acto simbólico, la jueza Blanca Patricia Pérez y la magistrada Taisa Cruz, con 23 y 35 años de carrera judicial, decidieron arrojar rosas a una bandera del país para simbolizar la muerte de la independencia del poder judicial.
Esta mañana, 100 jueces y magistrados se reunieron en las inmediaciones del Senado para explicar que declinaban a ser elegidos. Además, indicaron que nunca habían pensado que iban a renunciar a su carrera judicial.
“Decliné porque no es mi intención participar en una elección de voto porque fui vencedora en un concurso en donde la capacidad fue mi herramienta, merito que me permitió emitir determinaciones imparciales”, explicó Blanca Patricia.
En este contexto, Taisa Juárez no sólo siente un dolor por terminar de forma inesperada con su carrera judicial, también le preocupa que quien ocupe su cargo no tenga la capacidad y honestidad para proteger los derechos de la sociedad por complacer al poder en turno.