La independencia de miembros del Poder Judicial, como jueces, magistrados y ministros; se vería afectada y vulnerada por actores de la vida económica como empresarios o el propio crimen organizado, así se advierte en el último Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.
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Según el documento denominado “La justicia no se vende: la influencia indebida de los actores económicos en el Poder Judicial”, los sistemas de justicia pueden ser vulnerados por la manera en que se elige a sus jueces y magistrados. El documento hace una mención de la probable influencia de personajes o grupos con poder monetario, como empresarios, e incluso organizaciones con dinero mal habido, como el crimen organizado.
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“Preocupa el riesgo de que los actores económicos, en particular las grandes empresas y la delincuencia organizada, ejerzan una influencia indebida”, advierte el informe presentado en septiembre pasado.
El informe realizado con aval de Naciones Unidas hace mención al caso particular de México y los cambios en el sistema judicial, con la reciente aprobación de la reforma constitucional.
“Hay pocos Estados que elijan a sus magistrados por sufragio directo, sobre todo para los tribunales superiores. El Estado Plurinacional de Bolivia utiliza el sufragio directo para elegir entre los candidatos preseleccionados por el poder legislativo. En México, donde se están estudiando propuestas para que muchos magistrados se seleccionen por elección popular”.
Es de tomarse en cuenta lo señalado por la Relatora Especial Satterthwaite en un contexto como el nacional con presencia de poderosos grupos del crimen organizado y con la implementación de la reforma al Poder Judicial, en la que se incluye la elección de juristas por voto popular.
Grupos externo afectan incluso el sistema judicial de los EEUU
En el debate de la reforma al Poder Judicial en México se ha mencionado el sistema de los Estados Unidos donde algunos jueces son elegidos por voto popular. Lo anterior ha causado encuentros de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador estadounidense, Ken Salazar.
Sin embargo, el informe señala que eso ha ocasionado un problema en el país vecino, por la influencia que ejercen grupos externos al sistema judicial norteamericano.
“A raíz de una decisión de 2010 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los grupos de interés externos, respaldados de forma encubierta por donantes, no tienen límite de gastos para influir en la composición política e ideológica de los tribunales clave”, refiere el estudio sobre la influencia de grupos externo en cortes estadounidenses.
“Criterios de nombramiento a la magistratura deben ser objetivos”
Además de la elección de los magistrados y la garantía de la independencia judicial, el estudio de Naciones Unidas ahonda en las cualidades que los juristas deben tener: integridad, honestidad, calificaciones, aptitudes, capacidades y méritos.
“Tanto los criterios como los procesos de selección y nombramiento de magistrados son esenciales para garantizar la independencia judicial. Los criterios de nombramiento a la magistratura deben ser objetivos y las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Las normas jurídicas disponen que las decisiones relativas a la selección y a las carreras de los jueces deben basarse en el mérito y tener en cuenta las calificaciones, aptitudes y capacidades de los candidatos, así como su integridad, independencia e imparcialidad”, advierte la relatora de la ONU.
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El estudio de la Organización de las Naciones Unidas manifiesta que en las democracias, las distinciones económicas se pueden convertir en desigualdades de influencia en la política y sólo quienes tiene dinero pueden participar de forma activa o influenciar a los actores políticos.
“La desigualdad económica suele traducirse en desigualdad de influencia, en particular en la esfera política. La concentración del poder económico puede erosionar la paridad entre quienes viven en democracia; en su forma más extrema, crea una plutocracia en la que las personas adineradas controlan los poderes públicos”, apunta el texto membretado por la ONU.