El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ratificó a Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidió remover a varios de sus principales colaboradores, ante señalamientos de corrupción en varios ámbitos, aseguran fuentes familiarizadas con el proceso que tiene en suspenso la definición de nuevos mandos en el organismo.
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Los ajustes en este orden iniciaron con la llegada de Jorge Gaviño como nuevo secretario general del IMSS, y el inminente relevo del director de Administración, Borsalino González Andrade; del director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero, y de la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados, Luisa Obrador Garrido. Estos dos últimos encaran alegatos de corrupción en las delegaciones estatales del Instituto, bajo su supervisión.
Es también incierta la situación del director de Finanzas, Marco Aurelio Ramírez Corzo, cuyo nombre fue manejado en el sector como posible gerente de Finanzas en Pemex, pero ello no habría sido aprobado ni por la presidenta Sheinbaum ni por la secretaria de Energía, Luz Elena González.
El aparente cambio de rumbo se extendió a la empresa paraestatal Birmex, relanzada en el pasado sexenio como productora de vacunas, pero que ahora conducirá la compra masiva de medicamentos -denominada consolidada-, que podría representar un monto superior a los 1,300 millones de pesos. En apenas tres años esa entidad ha tenido tres directores: Pedro Zenteno, el general Jens Pedro Lohmann y el actual, Jesús Olmos Cansino, a cuyo apoyo se sumó en días pasados, a cargo de la administración, Emma Luz López Juárez, ex directora general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el gobierno de la ciudad de México, entonces encabezado por la actual presidenta Sheinbaum.
Las mismas fuentes indicaron que hay retraso de varios meses en el lanzamiento de las bases para esta compra consolidada. Se estima que los primeros meses de 2025 el abasto puede ser cubierto con remanentes, con un riesgo alto de compras de emergencia, a precios inflados, una práctica que se considera generalizada y causal de corrupción.
A este respecto, directivos de la industria farmacéutica que hablaron bajo petición de anonimato, dijeron a La Silla Rota que el sector arrastra pagos pendientes de entidades del sector salud federal por al menos 2,000 millones de pesos, con un porcentaje mayor derivado de impagos por parte del IMSS Bienestar, un órgano descentralizado. La cifra era hasta 50% superior a inicio del año, aceptaron, pero las liquidaciones fueron suspendidas meses antes del cambio de gobierno.
Alertaron que puede darse la circunstancia de que el gobierno federal finque a las diversas empresas del sector nuevos pedidos de medicamentos, dispositivos y utensilios médicos, pero sin cubrir previamente los adeudos, lo que haría virtualmente imposible que las compañías productoras puedan enfrentar nuevos compromisos con débiles flujos económicos.
Otro frente que genera incertidumbre, aseguraron las mismas fuentes, es el sistema que Birmex desarrollará para la distribución de los medicamentos adquiridos para hacerlos llegar a los miles de centros médicos y hospitales de diversos niveles.