Luego de que la Secretaría de Gobernación presentó una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas por haber favorecido a grupos criminales vinculados con delitos como el secuestro de migrantes en Tamaulipas, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la labor de Contreras Martínez y señaló que la solicitud no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno.
El comunicado emitido este miércoles por el director Nacional de la JUFED, el magistrado Daniel Sánchez Montalvo expresa su respaldo al juez de distrito Contreras Martínez, al señalar que sus determinaciones están basadas exclusivamente en los datos de prueba que obran, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas.
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"La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al poder judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras".
La JUFED detalla en el comunicado que la causa penal radicada en el órgano jurisdiccional contra una persona, donde se llevó a cabo un cateo que resultó en el hallazgo de armas de fuego y sustancias ilícitas.
Durante la audiencia el juzgador actuó conforme al principio de contradicción y no vinculó al imputado a proceso, considerando que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley.
La asociación destaca en el comunicado que la resolución emitida a favor del imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Contrario a lo expresado por la Secretaría de Gobernación, la actuación del juez de Distrito fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales
"Las y los ciudadanos deben saber que los juzgadores federales cumplen con lo que la Constitución de la República y las leyes les ordenan, y no con los deseos de las partes. Hacer lo contrario, sería vulnerar los principios fundacionales de nuestra democracia".
La asociación reitera que solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras.
La denuncia
El gobierno federal presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, a quien acusó de favorecer la liberación de secuestradores de migrantes.
El escrito presentado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde refiere que el citado juez también ha favorecido la liberación de integrantes de la delincuencia organizada relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y cohecho.
Ante ello, la titular de Segob solicitó que la Cámara de Diputados investigue y revise la actuación de juez y, en su caso, envíe el expediente al Senado para que determine su posible destitución.
¿Quién es el juez bajo la lupa?
Crescencio Contreras Martínez estudió la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Ixtlahuaca. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal; un doctorado en Derecho en la misma institución educativa, y una maestría en Competencia Constitucional y Ordinaria en la Escuela Federal de Formación Judicial.
Además de servir como juez también se ha desempeñado como docente en el Sistema de Justicia Penal, en la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur y en la Secretaría de Marina-Armada de México.
El cargo de juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas lo ocupa el desde diciembre de 2017 hasta la fecha.