La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública una carta que fue enviada a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, en relación a la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva dictada a 8 militares vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del 2014.
"Atendiendo a la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano", escribió la funcionaria federal a través de su cuenta de X, donde publicó imágenes de la misiva.
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¿Qué dice la carta enviada a Norma Lucía Piña?
Al inicio, el escrito firmado por Luisa María Alcalde señala la resolución adoptada el jueves 30 de noviembre de 2023 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México integrado por los Magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente), quienes estimaron fundado el agravio aducido por los 8 militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
Es decir, se determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emitiera una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los 8 militares inculpados con el caso Ayotzinapa:
- Subteniente. Omar Torres Marquillo
- Sargento 2º Roberto de los Santos Eduviges
- Sargento 2º Ramiro Manzanares Sanabria
- Sargento 2º Juan Andrés Flores Lagunas
- Sargento 1º Gustavo Rodríguez de la Cruz
- Cabo Uri Yashiel Reyes Lasos
- Cabo Eloy Estrada Díaz
- Cabo Juan Sotelo Díaz.
"Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan. Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia. Sin más por el momento y esperando tenga a bien considerar lo vertido en el presente oficio, quedo de Usted".
Jueza dicta eliminación de prisión preventiva a militares
La jueza federal Raquel Ivette Duarte, ordenó el pasado 20 de enero la liberación provisional de 8 militares que estaban presos desde junio del año pasado en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca también fijó el pago de una garantía de 50,000 pesos para que los elementos castrenses recuperen su libertad, de acuerdo con información del diario Reforma.
La jueza impuso la presentación de los 8 militares acusado del delito de desaparición forzada ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir de territorio mexicano. Duarte detalló en su resolución que habían cambiado las condiciones por las que se les había dictado prisión preventiva oficiosa, al considerar que no existe riesgo de que alguno de los imputados pueda darse a la fuga.
En noviembre pasado, la defensa de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó un amparo y una suspensión contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juez negó la suspensión por lo que pidieron revisión a un Tribunal Colegiado. Al analizar el caso el cuerpo colegiado ordenó emitir una nueva sentencia a la jueza, en la que se tomen en cuenta argumentos presentados durante una audiencia realizada el pasado mes de junio.
FGR rechaza dictamen de la jueza
Ante la noticia de la liberación, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció a través de un comunicado que impugnará la decisión, a fin de garantizar la seguridad de las víctimas del caso. Al rechazar "tajantemente" la determinación de la jueza federal la Fiscalía aseguró que "esta conducta procesal, notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, es usada por algunos medios de manera parcial y engañosa’.
Gobierno de México rechaza liberación de militares
El Gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, rechazó las declaraciones emitidas por los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes fueron los encargados de dictaminar que los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa debían enfrentar su proceso en libertad.
"No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso", señala el documento.
Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por su parte, lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen para favorecer ocho militares acusados por desaparición forzada de los 43 normalistas y en contra de la investigación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa.
El presidente López Obrador rechazó este 23 de enero los señalamientos de Alejandro Encinas, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. “No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas”, expresó el mandatario mexicano durante su rueda de prensa matutina. López Obrador argumentó que “lo lamentable es” que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero. Posteriormente hizo mención de la carta que Luisa María Alcalde hizo pública.
¿Realmente se liberó a los 8 militares?
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado en el que detalla que los elementos castrenses se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada.
"El efecto de esa suspensión fue para que el juzgado de procesos penales fijara una audiencia de revisión de medida cautelar, prescindiendo de las consideraciones que adoptó al imponer la prisión preventiva oficiosa, y con libertad estableciera la misma,
pero de manera justificada, o cualquier otra. Lo anterior, al ponderar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado Mexicano por la inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional que prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa".
Los elementos castrenses, inconformes con la determinación original de mantenerlos en prisión, promovieron juicio de amparo indirecto, el cual fue concedido debido a que "únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la fiscalía, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México".
En lugar de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora impuso las siguientes medidas cautelares no privativas de libertad:
- La presentación periódica quincenal los días uno y dieciséis de cada mes de los encausados, ante el juzgado de distrito.
- La exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50,000 (cincuenta mil pesos, Moneda Nacional).
- La prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte.
- La prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero
- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Jueces y magistrados respaldan decisión del Tribunal
La Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se posicionó respecto a la situación, es específico, al comunicado de la FGR en que rechaza la dictaminación de la jueza. A petición de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México y de la Jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, se informó que las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas.
A través de un comunicado se detalla que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concluyó que el fiscal ya había dispuesto de la oportunidad para justificar la necesidad de la prisión preventiva. Esto "puede constatar a partir del minuto 37 de la audiencia pública de 22 de junio de 2023 y a la que las víctimas no asistieron a pesar de estar debidamente notificadas) y que, por eso, lo correcto era que ya sólo la jueza del proceso decidiera cuál medida imponer, es decir, sin abrir nuevo debate".
Como la resolución de que las 8 personas continúen con el proceso en libertad provisional) aún no es definitiva, estos son algunos posibles escenarios futuros sobre este tema:
- La Fiscalía y las víctimas aún disponen del recurso de apelación contra esa decisión de la jueza del proceso, en la que pueden demostrar que sí justificaron la necesidad de la prisión preventiva;
- En caso de que esa resolución de apelación les resultara adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo con el mismo propósito;
- Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las victimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva.
"Así, esta Directiva Nacional informa que todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía", señaló el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de asociación.