Luego de que una jueza federal ordenara el pasado sábado la liberación de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, quienes ganaron un amparo contra la prisión preventiva que se les dictó tras su detención en junio pasado, la Fiscalía General de la República estalló en contra de la decisión y se lanzó en contra de lajueza Segundo de distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.
Fue el pasado sábado, que Raquel Ivette Duarte, jueza Segundo de distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, emitió un fallo en el que ordenó la liberación provisional de ocho militares, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que estaban presos desde junio pasado.
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Tras su detención, a los ocho militares se les dictó prisión preventiva oficiosa, pero tras recurrir a un amparo, fueron puestos en libertad, aunque seguirá el proceso en su contra.
¿Pero qué es la prisión preventiva?
La prisión preventiva está prevista en Artículo 19 de la Constitución y es una medida cautelar impuesta por un juez al o a los imputados de un delito, que consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal para asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.
La prisión preventiva oficiosa debe aplicarse sólo si otras medidas no son suficientes para asegurar que el imputado o imputados pueda evadir a la justicia. Se aplica a pesar de que no haya una sentencia condenatoria contra los imputados.
En el Artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se hace referencia a la imposición de medidas cautelares "…Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero”.
Esta práctica recurrente en México ha sido criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que considera que "trastoca seriamente la efectiva investigación y enjuiciamiento de los delitos en México".
El organismo reveló que en diciembre de 2022, más del 40 por ciento de la población privada de libertad en centros penitenciarios en México se encontraba en prisión preventiva.
La liberación de los ocho militares fue cuestionada por el gobierno federal que criticó las acciones del Poder Judicial, incluso también la Fiscalía Federal de la República, cuestionó el fallo de la jueza federal y hasta anunció que iniciará un proceso legal contra la juez Raquel Ivette Duarte.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal, indicó que si bien los militares recurrieron a un amparo contra la prisión preventiva, la FGR no recurrió a ningún amparo para que los soldados permanecieran en prisión.
Violación a las garantías individuales
El periodista Sergio Sarmiento, indicó en su columna Jaque Mate, del periódico Reforma, que debería ser un derecho para cualquier procesado enfrentar el proceso en libertad, cuando no represente un peligro para la sociedad o que pueda huir, ya que la prisión preventiva oficiosa viola las garantías individuales.
El tema de la prisión preventiva oficiosa ha sido cuestionado por varios órganos defensores de los derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el pasado ya ha pedido al gobierno de México eliminar la prisión preventiva por considerarla violatoria a las garantías individuales.
Incluso Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en el pasado que la prisión preventiva oficiosa “restringen desproporcionadamente la libertad personal sin que exista una sentencia condenatoria desconocen la presunción de inocencia", recordó el columnista.
AMLO crítica liberación de los ocho militares
Tras la liberación de los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa,el presidente Andrés Manuel López Obrador también se lanzó contra la jueza Raquel Ivette Duarte y el Poder Judicial.
“Es la excusa más usual en el Poder Judicial Federal, que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Este es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide, lo que hay es un interés político del Poder Judicial”, manifestó este martes durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
“Es lamentable que el Poder Judicial Federal desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los estudiantes desaparecidos”, acusó el presidente López Obrador.