Tras la postura por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de modificar las medidas cautelares y liberar a ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, hoy el Gobierno de México expresó su respaldo a través de un comunicado, alineándose con las manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la determinación de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Además, el Gobierno rechazó las declaraciones emitidas por los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes fueron los encargados de dictaminar que los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa debían enfrentar su proceso en libertad.
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"No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso", señala el documento.
En su mensaje, denunció que una vez más, el Poder Judicial utilizó pretextos procedimentales para desatender la búsqueda de justicia.
En este contexto, recordó que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos alegando torturas, "pero no han actuado en contra de los torturadores, como es el caso de Tomás 'N', actualmente prófugo en Israel", destacó.
Incluso, agregó que, también intentaron liberar al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, mediante cambios en sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias a la colaboración entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.
"Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas".
"Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia", alegó.
Por último, aseguró que para el Gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, por lo que dijo que pedirá a la fiscalía que solicite la revisión de las medidas cautelares. Esto, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.
"De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación", concluyó.
¿Quiénes son los 8 militares liberados por la PGR?
En septiembre de 2014, de acuerdo con investigaciones del gobierno federal 43 estudiantes del gobierno federal fueron privados de la libertad y desaparecidos cuando se encontraban en el municipio de Iguala, Guerrero. Las investigaciones del gobierno federal durante este gobierno llevaron a la detención de distintos militares por su supuesta participación en la ausencia de los estudiantes.
El pasado 20 de enero del 2024, la jueza Duarte impuso la presentación de los 8 militares acusados del delito de desaparición forzada ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir de territorio mexicano.
Sin embargo, detalló en su resolución que habían cambiado las condiciones por las que se les había dictado prisión preventiva oficiosa, al considerar que no existe riesgo de que alguno de los imputados pueda darse a la fuga. Por lo que, al cubrir el pago de los 50,000 pesos, los militares podrían abandonar el Campo Militar Número 1.
Los 8 militares liberados son:
- Gustavo Rodríguez de la Cruz
- Omar Torres Marquillo
- Juan Andrés Flores Lagunas
- Ramiro Manzanares Sanabria
- Roberto de los Santos Eduviges
- Eloy Estrada Díaz
- Uri Yashiel Reyes Lasos
- Juan Sotelo Díaz
El Consejo de la Judicatura Federal responde
En lugar de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora impuso las siguientes
medidas cautelares no privativas de libertad:
- La presentación periódica quincenal los días uno y dieciséis de cada mes de los encausados, ante el juzgado de distrito.
- La exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50,000 (cincuenta mil pesos, Moneda Nacional).
- La prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte.
- La prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero; y La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Con dichas medidas se asegura la continuidad del proceso penal que se les sigue a los ocho militares y en caso de no cumplir, está abierta posibilidad de la fiscalía se solicitar nuevamente su modificación.