CASO AYOTZINAPA

Víctimas indirectas del caso Ayotzinapa, invisibles: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la investigación de la administración anterior fue una repetición del discurso oficial que criminalizó, estigmatizó y revictimizó, en lugar de defender los derechos humanos de las víctimas y sus familiares

Víctimas indirectas del caso Ayotzinapa, invisibles
Víctimas indirectas del caso Ayotzinapa, invisiblesCréditos: Cuartoscuro
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A cinco años de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud, cometidas contra las más de 600 víctimas del caso Ayotzinapa, se desconocen sus alcances.

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La Silla Rota buscó a una de las víctimas para conocer si el gobierno ha reparado los daños. Una de ellas es Luis “N”. Para él es mejor olvidar el pasado y continuar el presente. Cuando sea el momento dará a conocer su verdad, mencionó.

A nueve años de la desaparición de los 43 alumnos, se desconoce su paradero, pero también, no se ha invisibilidad lo sucedido con las víctimas directas o indirectas de los hechos. A finales de noviembre de 2018, cuatro años después de la desaparición de los alumnos, la CNDH, emitió la recomendación 15VG/2018, por las violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud, contra más de 600 víctimas en los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Durante la presentación del informe, el entonces ombusman, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, mencionó que “diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en diversas ocasiones”.

Según González Pérez. “no se investigó entonces, ni ahora, la omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, ante el caso de las desapariciones… la verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”.

La recomendación denuncia la “convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos -y- la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”.

También, “violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tienen amplios, profundos y diversos efectos, ya que alcanzan al total de la sociedad”.

Un día antes de ser presidente, Enrique Peña Nieto, aceptó los términos de la Recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Iguala, por lo que dejó encaminadas a las áreas a las que está dirigida, la forma en que se tiene que proceder en las instituciones, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Sin embargo, durante este sexenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la investigación de la administración anterior fue una repetición del discurso oficial que criminalizó, estigmatizó y revictimizó, en lugar de defender los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

Según la CNDH trabajó bajo secrecía y fragmentación de la información a través de dictámenes u opiniones técnicas de gabinete, informes sin tener conocimiento de los hechos y trabajo de campo.

Hasta el momento se desconocen los alcances de las reparaciones de los daños a las víctimas indirectas. Al conmemorarse nueve años de la desaparición de los alumnos, los padres de familia solo hablaron de los alumnos, pero no de las personas afectadas durante los hechos.

Los distintos oradores solo pidieron el aparecimiento de sus hijos o familiares, pero las reparaciones de los daños.

“Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el Ejército y la Marina, señalando que falta documentación foliada, del cero al 600, el cual no han entregado, y ellos dicen que ya entregaron ¡eso es una reverenda mentira! Por eso estamos molestos, por eso estamos enojados", expresó, ayer una de las madres de los normalistas.

Agregó: “no puede ser posible que sigan protegiendo al Ejército con tanta evidencia que señala que ellos estuvieron en todos los puntos desde la Normal hasta Iguala, y les informaron a sus mandos de todo lo que estaba ocurriendo con el ataque de los jóvenes. ¿Por qué siguen ocultando esto?...no somos necios como el señor presidente dice, no somos necios y no nos hacemos ideas en la cabeza, sabemos leer, no hay necesidad que nos diga que leamos”.

VGB