El Gobierno impedirá, al menos por el momento, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgue los dos primeros amparos en contra de la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), diseñada con el propósito de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las empresas privadas del sector eléctrico.
La Secretaría de Energía (Sener) promovió ayer una solicitud de impedimento para que los ministros de la SCJN, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, no participen en la votación de los amparos en contra de la reforma eléctrica. Estos estaban programados para ser discutidos durante la sesión de hoy en la Segunda Sala.
Este recurso frenará la votación de estos asuntos, pues será preciso que los demás ministros de la sala definan si los ministros cuestionados tienen o no razones legales para no participar en la discusión y votación de estos casos.
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¿Cuales son los amparos que se discutirían en la Segunda Sala?
Se trata de los amparos en revisión 164/2023, promovido por Eléctrica del Valle de México, cuya ponencia estaba a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán; y al amparo en revisión 106/2023, interpuesto por la empresa Recursos Solares PV de México IV, bajo la supervisión del ministro Javier Laynez Potisek.
En sus solicitudes de impedimento, registradas bajo los números 16/2023 y 17/2023, la Sener argumentó que tanto Pérez Dayán como Aguilar Morales son miembros del Instituto Mexicano del Amparo (IMP), una asociación civil que presentó amparos en contra de la reforma eléctrica y debido a esto, su imparcialidad no está garantizada.
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Los proyectos buscan favorecer a la Comisión Federal de Electricidad
Es importante destacar que dos de los proyectos programados para hoy benefician a 17 empresas privadas de generación, principalmente en el ámbito eólico y solar.
Los proyectos amparan, entre otros, contra el artículo 26 de la LIE, el más cuestionado por el sector privado, ya que ordena dar preferencia al despacho de energía generada por centrales de la CFE o por instalaciones privadas que trabajan exclusivamente para ella.
"El fortalecimiento de CFE no puede entenderse como la posibilidad de hacerla preponderante en un área en la que, por mandato Constitucional, debe competir", se señala en los proyectos.