Al iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un operativo contra el crimen organizado en Tamaulipas marcó la ruta a seguir de los soldados en la entidad y dejó al descubierto los métodos utilizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para comprar el silencio de ciudadanos, a través del desvío de recursos públicos destinado para pensiones alimenticias.
La forma de operar de la Sedena, para ocultar el uso desmedido de la fuerza por parte de su personal en contra de civiles, quedó documentada en los correos electrónicos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, en el caso mejor conocido como Guacamaya Leaks.
La ruta del silencio, registrada en diciembre de 2018, fue avalada por distintas autoridades de la Sedena, entre ellas el actual director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex): Jens Pedro Lohmann Iturburu.
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El 29 de diciembre de 2018, una llamada telefónica recibida a las 15:25 en la Comandancia de la Octava Zona Militar de la Sedena, describió la supuesta verdad de soldados durante un operativo realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La información, incluida en uno de los correos obtenidos a través del hackeo de Guacamaya Leaks, narra el despliegue realizado a las 13:29 el 29 de diciembre de 2018, en la colonia Guerrero, por personal del 41 Batallón integrado por un Oficial y 27 elementos de tropa.
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El parte militar, redactado en cuatro párrafos, menciona la identificación de personas “sospechosas” tratando de huir al notar la presencia de los militares durante uno de los recorridos.
“En la colonia Guerrero, municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la B.0 ‘41’ (1 OF. Y 27 TPA) al realizar reconocimientos terrestres observaron un vehículo con dos personas (femeninas) en actitud sospechosa”.
Incluido en la tarjeta informativa 873, el reporte narra la supuesta evasión de las mujeres. En respuesta, uno de los elementos identificado como José Martínez Cerón, soldado de la Policía Militar, accionó su arma de cargo (fusil FX-05) en cinco ocasiones. Uno de los impactos lesionó a una de las civiles.
“Al notar la presencia del personal militar, descendieron del automotor en actitud agresiva, huyendo del lugar, por lo que el Soldado Policía Militar, José Martínez Cerón, perteneciente a la referida Unidad, realizó 5 detonaciones con su arma de fuego, lesionando a una civil identificada como Jessica H. M. de 21 años”.
El disparo del arma de fuego, la impactó en la “costilla del lado derecho”. La tarjeta informativa menciona la atención médica proporcionada por los propios militares, así como su traslado en una ambulancia al Hospital General de Nuevo Laredo.
Según la versión de los militares, durante la revisión al vehículo, tipo sedan de color gris, se identificaron dos dosis de cocaína y una de marihuana. Además, refiere a la zona del operativo, como un “área con presencia de la organización delictiva de ‘Los Zetas’, y adelanta el traslado al lugar del Segundo Comandante del Segundo Regimiento de Caballería Motorizada de Nuevo Laredo junto con dos oficiales y 54 elementos de Tropa para coordinar las “acciones pertinentes”.
El documento, incluye una ficha técnica de ingreso del Soldado Policía Militar, José Martínez Cerón, quien fue dado de alta en el Ejército el 1 de diciembre de 2011, así como su adscripción a la 34 Zona Militar y al Cuarto Batallón de Operaciones Especiales de la Cuarta Brigada de la Policía Militar en Apodaca, Nuevo León.
La cadena del encubrimiento
Un segundo parte (S1-/1779), enviado el 29 de diciembre por el recién nombrado General Jens Pedro Lohmann Iturburu al Comandante de la Octava Zona Militar, menciona distintas recomendaciones para llevar a cabo las investigaciones. El encargado de realizarlas fue el Segundo Capitán de la Policía Militar, Atalo Hernández Hernández.
La primera de ellas, incluidas en el documento catalogado como “confidencial” y “extra urgente”, solicita realizar un informe detallado sobre la agresión, establecer si el personal tuvo participación en los mismos, así como evitar cualquier queja o denuncia contra la Sedena por la lesión a una de las civiles.
“De seguimiento al presente asunto para tomar acciones oportunas en caso de que existan indicios que haya sido lesionada por personal militar hasta su completa recuperación. Con auxilio del asesor jurídico de esta Zona Militar, realice las gestiones para salvaguardar los intereses de esta Secretaría y evitar posibles quejas que pudieran presentarse”.
Las peticiones hechas por Jens Pedro Lohmann Iturburu, actual titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), incluyeron evitar realizar persecuciones para no generar daños colaterales donde se ponga en duda las actividades realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Enfatizar en las directivas e instrucciones que se han girado para que se respeten los límites de velocidad en áreas urbanas y en vías de comunicación estatales y federales, así como evitar realizar persecuciones, en caso de detectar vehículos o personas sospechosas, con el fin de evitar daños colaterales que pongan en entredicho la actuación de integrantes de este instituto armado y genere desconfianza en la sociedad”.
Otra de las medidas fue garantizar el uso de cámaras y dispositivos con los cuales se pueda documentar el actuar de los militares. El reporte de las investigaciones se debía presentar el 1 de enero de 2020, “más tardar a las 10:00”. El documento, también fue enviado al titular del Ejército, quien el mismo día, quien a través del oficio 8772 instruyó al Comandante de la Cuarta Región Militar:
“Con fundamento en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3/0 .. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 14, 16, 18 Y 29 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3/0., 10, 11, 13 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 3/0.,6/0.,7/0. Y 9/0. del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, se le ratifica la orden emitida a ese M.T. durante la teleconferencia de esta fecha.- Atte. Gral. L. C. Sandoval González, Srio. Def. Nal.”.
El encubrimiento y la siembra de cartuchos
El parte enviado el 29 de diciembre de 2018, por el entonces General y Comandante de la Octava Zona Militar, Carlos Arturo Pancardo Escudero, actual Inspector y Contralor General del Ejército y la Fuerza Aérea, describe los resultados de las investigaciones realizadas por la agresión a ambas civiles.
“Me permito informar a esa superioridad, los resultados obtenidos por personal integrante de la B,O. Mvl. "41", al mando del C .. ClIP. 2/0. C~b. Atalo Hernández Hernández con 20 Tp. Y 3 Vehículos Oficiales, pertenecientes aI 4/0 B.0.E. (Apodaca, N.L.) en apoyo a este. Mando Territorial y a las autoridades civiles, para reducir la violencia en el país en el marco de la ‘Estrategia de Protección Ciudadana Nuevo Laredo’": como sigue”.
La descripción inicia mencionando el aseguramiento de droga y “armamento”, por los militares, así como “autoridades civiles” en un “área urbana, rural o campo abierto”, identificada como calle Coahuila, esquina con Avenida Vicente Guerrero, Colonia Guerrero, Municipio de Nvo. Laredo, Tamaulipas”.
A diferencia del primer reporte emitido por el personal que reportó los hechos, en este parte se asegura el aseguramiento de cinco cartuchos.
“En relación a los cargadores, además de cantidad y calibre. 2 (dos) cargadores a la vista”, menciona el documento.
También, se agrega el hallazgo de dos radios y dos “ponchallantas”, los cuales, tampoco se mencionan en el primer parte. Además, se presenta una nueva narración sobre la supuesta huida de las dos civiles.
“1323, 29 Dic. 2018, personal de la B,O. Mvl. 41, Pertenecientes al 4/0, B.O.E al realizar reconocimientos terrestres, en la Colonia Guerrero de Nuevo, Laredo, Tamaulipas., observaron un vehículo tipo sedán,' color: gris, con dos personas a bordo, que al detectar la presencia del personal militar, emprendió la huida, deteniéndose en el siguiente semáforo, descendiendo dos mujeres y continuando la huida a pie, percatándose el Soldad0. P.M. Juan José Martínez Cerón que citadas personas al huir, voltearon hacía donde se encontraba el personal militar de una manera brusca, por lo que al sentirse amenazado realizó 5 disparos con su arma de cargo (fusil FX-05), resultando herida la civil Jessica H. M”.
El informe agrega: “por lo cual, el Comandante del servicio solicitó el apoyo de una ambulancia, siendo trasladada la civil al Hospital General de Nuevo. Laredo, Tamaulipas., para su valoración médica y atención; procediendo el personal militar a establecer un dispositivo de seguridad para: efectuar una revisión al vehículo, observando a simple vista que en el interior del automotor había tres artefactos metálicos (ponchallantas), dos radios portátiles y tres dosis de enervante (2 de cocaína y 1 de marihuana)”.
Uno de los puntos más importantes del informe, es el omitir si grabó el operativo y la ausencia de medios de comunicación en lugar, por lo que solo el Ejército contaba con imágenes y datos sobre los hechos.
La consumación del soborno
Al tener los resultados de las investigaciones por la agresión de los militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de dos civiles, mandos del Ejército ordenaron silenciar el asunto e indemnizar a una de las mujeres lesionadas para evitar acciones legales en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Enviado por la Subjefatura de Administración y Logística (C3/0432), el documento ordena pagar a la víctima 104,703 pesos, por órdenes del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
“En relación con los hechos ocurridos a las 13:23, 29 diciembre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la civil Jessica H. M., resultó lesionada por proyectil de arma de fuego por personal 4/O. B.o.E (Apodaca, Nuevo, León) en apoyo de la 8/a Zona Militar (CD. Reynosa, Tamaulipas), el Alto Mando autorizó se indemnice a la citada persona”.
El mismo parte menciona una recomendación más hecha por la Unidad de Vinculación Ciudadana (Univic) del Ejército. En ella, se especifica, que, una vez que sea entregado el dinero, la víctima firme un documento en el que deslinda de cualquier responsabilidad al Ejército.
El pago de dinero se llevó a cabo recursos destinados para pensiones alimenticias y ocultado a través de la partida presupuestal “39602 ‘Otros Gastos por Responsabilidades’”.
“El Director General de Administración informó que estableció coordinación con el pagador del 16 Regimiento de Caballería y Caballería Motorizada (Nuevo Laredo, Tamaulipas), quien entregó el efectivo al Comandante de la Unidad para efectuar el pago a la civil afectada, tomándolo del numerario disponible de pensiones alimenticias…como acción de mando, se ordenó a la Dirección General de Administración, realizar la transferencia electrónica a la Unidad Ejecutora de Pagos del 16 Regimiento de Caballería y Caballería Motorizada, la cal efectuará a partir de las 0830, 31 diciembre, con el fin de reponer el numerario empleado, con cargo a la partida presupuestal 39602 ‘Otros Gastos por Responsabilidades’”.