Usuarios duplicados o sin registro, equipos obsoletos, falta de capacitación a trabajadores, así como información no confiable, son parte de las inconsistencias detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Dirección de Gestión de Servicios de Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico (DGGSCDT), institución encargada de administrar y capacitar al personal que sube registros criminales en Plataforma México.
La DGGSCDT tiene como atribuciones implementar y evaluar los sistemas de Plataforma México en las dependencias federales, los estados y municipios, así como la inducción de los usuarios que operan las bases de datos criminalísticas y de personal, según lo publicado el 30 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Plataforma México fue creada en el sexenio de Felipe Calderón. Fue diseñada como base de datos a nivel en la que se incluyen registros de delitos del fuero federal y común, así como de personal de seguridad. Es administrada por el gobierno federal, pero autoridades de seguridad y procuración de justicia, entre ellas el Ejército y Marina, tienen acceso para documentar o constatar informes.
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De acuerdo con la auditoría 07/2023, efectuada a la DGGSCDT, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se identificaron distintas inconsistencias durante la revisión al año 2022 hecha por los auditores. La primera de ellas la deficiencia en los controles establecidos para la administración de usuarios que subieron 379 mil 653 registros de armas de fuego, detenciones, información penitenciaria, mandamientos judiciales, vehículos robados, de elementos de seguridad, así como informes homologados.
“De lo anterior, se constató de primera instancia que el área proporcionó el número de perfiles de usuarios del ejercicio 2022 y no así del total de usuarios que fueron administrados por la DGGSCDT en dicho ejercicio, solicitado, cabe hacer mención que el Coordinador de Gestión de Servicios, señaló a grupo auditor que un usuario puede tener más de un perfil”.
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Al tratar de justificar la observación, la DGGSCDT presentó un informe en el que detalla 46 mil 730 altas, bajas, modificaciones, ampliaciones, validaciones y rechazos. Sin embargo, en según los auditores, el archivo Excel proporcionado no es posible identificar el nombre de los usuarios, toda vez que dicha base contiene únicamente como referencia de los movimientos el número de oficio (volante con el que se hizo la solicitud a la Dirección de Gestión de Servicios de Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico.
“De los 2 archivos proporcionados en Excel, la información que los mismos contienen se encuentra desvinculada, es decir, que se elaboró en archivos Excel separados y no se aprecia la relación y cruce de datos contenidos en cada una de ellas, lo que provoca que no exista certeza del total de usuarios que administró el área fiscalizada”.
La DGGSCDT presentó un nuevo reporte en el que detalla que, en 2022, se contaba con 31 mil 834 usuarios activos (12 mil 25 estatal; tres mil 858 federal; y 15 mil 951 municipal). Con la información la SFP detectó 40 altas durante ese año. De ellas, en 18 casos se identificaron retrasos en su registro, mientras que en ocho casos más se identificaron ocho usuarios de San Luis Potosí que no están dados de alta y tienen acceso a las bases de datos.
“Luego de llevar a cabo el análisis de la información documental, se detectó que, dentro de los oficios de solicitud y respuesta, se solicitó el alta de 8 usuarios, así como la autorización de los mismos, sin embargo, al llevar a cabo el filtrado de los usuarios contenidos en el archivo Excel denominado ‘listado de usuarios para la entidad San Luis Potosí, los mismos no fueron localizados dentro de los registros realizados en dicho archivo”.
A partir de los hallazgos encontrados, el personal de la Secretaría de la Función Pública determinó que, la falta de controles por parte de la DGGSCDT en el personal que administra las bases de datos, origina que los registros que suben no sean confiables.
“Las hojas electrónicas en formato Excel diseñadas por la DGGSCDT, contienen datos que difieren entre ellas y que por la propia naturaleza de dichos datos, no permite realizar la integración de los mismos, lo que ocasiona que la información que se genera no sea confiable, integral y competente para información contenida en los sistemas y herramientas que integran las bases de datos antes señaladas, al no contar con un mecanismo de control confiable de los usuarios que cuentan con acceso a los mismos”.
La segunda inconsistencia detectada por el personal es la “ausencia de evidencia para acreditar las acciones para la promoción de nuevas tecnologías que permitan cumplimiento de funciones en materia de seguridad pública para el desarrollo de sistemas informáticos”.
Entre ellas se encuentra el que el personal encargado de subir la información al Sistema de Información del Sistema Nacional (SIN), lo realiza de forma manual, ya que “la tecnología que actualmente tiene el Sistema de Administración de Usuarios (SAU), limita el procesamiento electrónico de la información”.
“Asimismo, se observó la ausencia de evidencia documental o manifestación expresa de la DGGSCDT, sobre las acciones y gestiones que hubiera realizado con las áreas correspondientes, para desarrollar y promover la aplicación de nuevas tecnologías, equipo de cómputo especializado, infraestructura tecnológica, sistemas de cómputo y telecomunicaciones que permitan un mejor cumplimiento de las funciones en materia de seguridad pública”.
La tercera inconsistencia identificada es la “Insuficiencia en el Control Interno para acreditar y documentar las actividades de inducción a los Sistemas de la Plataforma México coordinadas por la DGGSCDT durante el ejercicio 2022”.
De acuerdo con la auditoría, la falta de capacitación es evidente, ya que de un total de 31 mil 834 usuarios, solo se capacitó en 2022 a siete mil 205, lo que representa el 23% de todo el personal que administra la Plataforma México.
“Se constató que efectivamente fueron capacitados un total de 7,205 usuarios, lo que representa un 23% del universo de usuarios activos reportados en el archivo Excel denominado ‘listado de usuarios’”.
La falta de capacitación, incluso fue reconocida por el personal, quien a través de dos encuestas aplicadas a 10 mil 807 trabajadores de instituciones de Seguridad Pública, de las secretarías de Gobernación (Segob); Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), expresaron la necesidad de ser capacitados en el Registro Nacional de Detenciones (RND); Informe Policial Homologado (IPH) en cuanto al tema de infracciones administrativas y delitos; en Herramientas de Consulta y Búsqueda, así como en Introducción a Plataforma México.