Jaime Rochín, presidente de la Comisión de Víctimas en Guanajuato y ex presidente de la Comisión de Atención a Víctimas a nivel federal, consideró que es necesario transparentar el periodo de la “Guerra Sucia” para este tipo de abusos a los derechos humanos no se vuelvan a repetir en México y para que las víctimas puedan tener acceso a mecanismos de reparación integral de los daños que sufrieron.
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En entrevista con la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota, el experto remarcó que es importante como nación tener una memoria colectiva y reconocer los hechos, porque al reconocer la gravedad de estos hechos y al visibilizarlos también se evita que vuelvan a suceder,
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“Hoy vemos que a veces el gobierno (de López Obrador) ejerce las funciones de inteligencia para perseguir a opositores, es algo que no se debe de repetir”, lanzó el titular de la Comisión de Víctimas en Guanajuato.
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Por otra parte, indicó que hay muchas víctimas que requieren una reparación integral, requieren acceso a la justicia, acceso a la verdad, incluso, muchos fueron separados de sus familias, perdieron su nombre y no saben, ahora recientemente se ha sabido que alguien es pariente de alguna víctima de la Guerra Sucia y entonces tienen derecho a conocer su historia.
Contó que, como presidente de la comisión ejecutiva de atención a víctimas a nivel federal, hace algunos años, le tocó estar al frente de una investigación sobre la Guerra Sucia y establecer una reparación de carácter colectivo.
Expuso que conocieron a muchas víctimas directas e indirectas de los hechos y luego también hicieron recomendaciones para establecer un mecanismo, que ya existe actualmente, para el esclarecimiento de la verdad.
En su turno en la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota, la periodista Mariluz Roldán explicó que en La Silla Rota tuvimos acceso a estos informes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que documentan estas violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, conocido como la Guerra Sucia.
Comentó que el Centro Nacional de Inteligencia tendría que haber entregado completos todos estos archivos al Archivo General de la Nación y a dicho Mecanismo, pero lamentablemente no ha sido así, ya que en los informes consultados se han encontrado muchas fallas, muchos expedientes mutilados o entregados solo de forma parcial.
Ejemplificó que hay en el informe una tarjeta sobre Rafael Macedo de la Concha, pero en el documento no se menciona más información sobre dicho personaje. Agregó que en el informe aseguran que se encontraron con carpetas vacías, algunos estantes vacíos o con solo tarjetas y etiquetas de que alguna vez existieron estos documentos, pero sin mayor información.
Indicó que hay algunas fotografías de los estantes donde se puede ver fichas de expedientes relacionados con personajes como Cuauhtémoc Cárdenas o la campaña presidencial de Manuel Clouthier, entre otros.
Finalmente, la periodista consideró que el panorama en el gobierno de AMLO no pinta bien, pues se mantiene cerrada la información de este periodo de la guerra sucia, esto abre la posibilidad a que las víctimas sigan sin acceder a la justicia sin que haya reparación del daño y el compromiso de no repetición, que era la justicia transicional que el presidente López Obrador se comprometió al inicio de su gobierno.
¿Qué es el periodo conocido como Guerra Sucia?
Así la definió Jaime Rochín, presidente de la Comisión de Víctimas en Guanajuato y ex presidente de la Comisión de Atención a Víctimas a nivel federal:
“La Guerra Sucia se da en torno a una situación en el Estado Mexicano en donde había un sistema poco accesible para afrontar las diferencias, entonces empiezan a surgir organizaciones tanto en las ciudades como en el campo que empiezan a exigir una serie de derechos y que son negados por la autoridad, ni siquiera el diálogo.
“La guerra sucia son dos grandes movimientos, uno es rural, en el campo, que fundamentalmente tiene dos liderazgos, que son Genaro Vázquez y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y por otro lado Lucio Cabañas con el Partido de los Pobres que eran personajes que tenían una cierta reivindicación sobre la tierra y que fueron violentados por el Estado, y se fueron volviendo también violentos, se convirtieron en un movimiento guerrillero.
“En ciudades como la de México, Monterrey, Guadalajara, Culiacán, se dice que son las grandes ciudades, se genera un movimiento urbano también de oposición al gobierno, muchos de ellos con un carácter ideológico hacia el comunismo, acuérdense que se crea la Liga Comunista 23 de septiembre y ahí también se da una situación que todavía hoy es muy cuestionable y muy discutida sobre el secuestro y posterior asesinato del fundador del Tec de Monterrey, que implicó una respuesta del Estado muy ruda, la desaparición de los muchachos que participaron, entre ellos estaba el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, Jesús Ibarra Piedra, hermano de la actual titular de la CNDH.
“El tema es el Estado ante estas rebeliones de jóvenes en las ciudades como de campesinos en la Sierra, el Estado respondió con una violencia inusitada, desapareciendo, asesinando, torturando, aventaban a las personas al mar, eso lo documenta Carlos Monsiváis, hubo cantidad de desapariciones forzadas, de acciones donde el Estado no respondió desde la legalidad, sino que respondió desde la violencia.
“¿Por qué es importante hoy recordar eso? En buena medida porque la memoria de estos hechos nos puede llevar a que no se repitan, por un lado, también de que los hechos se reparen a las víctimas y se generen condiciones para que nunca se vuelvan a repetir”.
El caso de Martha Camacho, narrado por Jaime Rochín
“Martha Camacho, víctima de la guerra sucia detenida por el Ejército en Culiacán, Sinaloa, ella y su esposo fueron detenidos, el esposo fue asesinado y ella fue violentada estando embarazada para que su hijo no naciera, ya que estaba embarazada, meses después fue liberada, ahí hicimos un proceso de reparación específico para su caso y ella es académica, nos pedía que los archivos de aquel tiempo se abrieran al público, explicaba que había una galería, la galería 1 que contenía precisamente el fondo de lo que era la extinta Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones y Políticas Sociales, que al principio con Vicente Fox se abrió y luego se fue cerrando y cerrando y se fue ocultando información.
“Nosotros como acto de reparación pedíamos que se abrieran todas las informaciones y que la galería 1 estuviera abierta para todos, después vino una determinación en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador para que toda esa información se concentrara en el Archivo General de la Nación, pero el caso es que nos siguen diciendo que no ha sido posible acceder a la mayor parte de la información, específicamente a lo que contenía la galería 1, que es todo lo relacionado con la Guerra Sucia, que está escondido o información muy parcial”.
Mutilan expedientes de la guerra sucia
El periodo denominado Guerra Sucia es recordado como un periodo de graves violaciones a los derechos humanos en México y aunque el Archivo General de la Nación (AGN) abrió los expedientes sobre esta época, los archivos fueron rasurados presuntamente por el Centro Nacional de Inteligencia, lo que obstaculiza la labor del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
De acuerdo a información difundida el 15 de agosto pasado, La Silla Rota tuvo acceso al “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, en el cual se señala que los expedientes fueron mutilados, pues se han detectado anomalías como expedientes faltantes o incompletos, y tarjetas que permiten confirmar la existencia de información que no fue entregada al Archivo General de la Nación luego de la expedición del Acuerdo presidencial de Vicente Fox en 2001 que obligó a la Secretaría de Gobernación a transferir la totalidad de los archivos que hasta ese momento eran custodiados y conservados por el CISEN.
Ante esta situación, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, “hace un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del Presidente de la República en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano ‘permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie’, como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990”.
Otra investigación sobre la guerra sucia
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 se encontró con una laguna informativa en el Archivo General de la Nación, pues en los expedientes de la serie de “homicidios”, Inteligencia hizo perdidiza la información correspondiente a personajes como Rafael Caro Quintero, Arturo “El Negro” Durazo y Fernando Gutiérrez Barrios.
El 22 de agosto pasado, La Silla Rota tuvo acceso al informe Ampliación de evidencias sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN, que es la segunda entrega que hace el Mecanismo para denunciar que el Centro Nacional de Inteligencia no entregó completos los expedientes correspondientes a la Dirección Federal de Seguridad y el CISEN, sobre casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
En el informe, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico señaló que ha hallado fichas sin expedientes de algunos casos como el del asesinato de Enrique Camarena Salazar y violaciones graves de derechos humanos en los que estuvieron involucrados funcionarios como Fernando Gutiérrez Barrios y Arturo Durazo Moreno.
Uno de estos casos es del expediente 009-051-006, con información sobre el narcotraficante Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Enrique Camarena Salazar. En el expediente había información correspondiente al periodo del 8 de junio de 1984 al 4 de julio de 1989, con notas periodísticas sobre el arresto de Caro Quintero e informes sobre el secuestro y asesinato del agente de la DEA.
Otro caso es el expediente 021-033-001 sobre Fernando Gutiérrez Barrios. Según consta en las descripciones del Inventario General, este expediente contenía documentación del 17 de septiembre de 1979 y hasta el 13 de agosto de 1991, pero en el Archivo General de la Nación la documentación sólo llega hasta el 16 de diciembre de 1985, por lo que falta todo lo correspondiente hasta 1991.