Rafael Marcial Macedo de la Concha, exprocurador general de la República en el sexenio de Vicente Fox Quesada formó parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con el número de placa 482 de acuerdo con la información del archivo DFS-DGISEN-CISEN en el Archivo General de la Nación (AGN). Esto significa que perteneció al organigrama de la llamada “policía política” de los años 70 y 80 en la llamada “guerra sucia” que buscó acabar con organizaciones guerrilleras clandestinas, aunque años después, ya como parte del gabinete del panista en la transición partidista del año 2000 integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que buscó precisamente esclarecer los hechos de esa época.
Macedo de la Concha, de acuerdo con la información del archivo DFS-DGISEN-CISEN en el Archivo General de la Nación (AGN) formó parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y se le relacionó con la Secretaría de Gobernación y el entonces titular de la dependencia, Fernando Gutiérrez Barrios; con los exdirectores de Federal de Seguridad Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, así como con el expresidente Luis Echeverría, todos involucrados en desapariciones forzadas y represiones durante la guerra sucia.
En una entrevista de 2003 alusiva al tema, publicada por Proceso, Rafael Macedo de la Concha afirmó que su trabajo fue estrictamente administrativo y por lo tanto ajeno a los quehaceres del combate a los movimientos sociales de aquella época.
Nacido en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1950, combina una carrera entre el ámbito militar y jurídico. Según se sabe, egresó como licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y, en el campo militar, ostenta el rango de general de brigada de Justicia Militar, formado en el Colegio Militar.
Su paso por diferentes cargos confirma que estuvo involucrado siempre al gobierno pues desempeñó como asesor jurídico de la Presidencia, pasando por director en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), hasta llegar a ser procurador general de Justicia Militar entre 1994 y 2000. Durante este último periodo, ejerció acciones legales contra generales vinculados al narcotráfico.
El año 2000 marcó un antes y un después en su carrera. El presidente de ese entonces, Vicente Fox, presentó a Macedo de la Concha ante el Senado para el cargo de procurador general de la República. Su gestión se caracterizó por acciones contra el narcotráfico.
Sin embargo, 2005 fue un año polémico para él. Estuvo al frente del caso que derivó en el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Las reacciones ciudadanas a este hecho culminaron en su renuncia el 27 de abril de 2005. Tras dejar el cargo, se trasladó a Italia como agregado militar en la embajada mexicana. Después de esto, dejó de estar en el ojo público.
¿Qué fue la DFS?
Los orígenes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) pueden rastrearse años atrás. Según la historia, fue a través de la Secretaría de Gobernación, estableció la Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante el mandato de Miguel Alemán Valdés que se creó un antecedente. En aquel entonces, su principal objetivo radicaba en recolectar datos sobre posibles amenazas terroristas o actos subversivos dentro del territorio nacional.
Sus orígenes pueden ser rastreados hasta mediados de 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas renombró una entidad confidencial de la Secretaría de Gobernación a Oficina de Información Política. Esta oficina centraba sus esfuerzos en recoger información sobre personalidades opositoras en el país. Su foco cambió en 1942, con la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, monitoreando eventos del conflicto y adoptando el título de "Departamento de Investigación Política y Social".
Sin embargo, la existencia como tal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue en 1947. Allí sus objetivos se expandieron para abarcar el espionaje político, reprimir a opositores del régimen y arrestar a sus líderes principales. Durante los años 70, la DFS amplió su alcance hacia el combate al narcotráfico.
Lo que marcaría la historia de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue su papel dentro de la llamada "Guerra Sucia". La llamada "guerra sucia" forma parte de un contexto global de tensión entre ideologías capitalistas y socialistas, fue un periodo donde la DFS y el ejército mexicano fueron vinculados con detenciones arbitrarias, desapariciones y allanamientos sin sustento legal. Las denuncias de desapariciones durante este periodo alcanzan cifras significativas. Según cifras de el Comité ¡Eureka!, desde 1969 se desconoce el paradero de 557 personas.
En 1985, tras diversos eventos que minaron la imagen de la DFS, entre ellos su posible relación con el asesinato del periodista Manuel Buendia y su colaboración con el Cartel de Guadalajara, el gobierno federal de Miguel de la Madrid decidió su desmantelamiento. Esta decisión condujo a la creación de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que eventualmente daría paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y, posteriormente, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2018.
¿Qué es el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico?
Desde octubre de 2021, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) trabaja activamente en el esclarecimiento de eventos acontecidos entre 1965 y 1990, periodo conocido como la Guerra Sucia. Durante estos años, se atribuyen al Estado mexicano múltiples violaciones a los derechos humanos.
Vicente Fox, en su papel de expresidente, propuso la creación de una fiscalía especial que indagara en episodios críticos de este periodo, como las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971. Así nació la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Esta entidad se encargó de interrogar a figuras clave de la época, entre ellos Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal y Miguel Nazar Haro. A pesar de las promesas de justicia, muchos fallecieron antes de enfrentar juicio.
Créditos: Cuartoscuro
En específico, Luis Echeverría enfrentó un periodo bajo prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y condiciones de salud. Sin embargo, con el apoyo de defensores como Juan Velásquez, finalmente se le exoneró.
Al conmemorarse en 2018 el quinquagésimo aniversario de la tragedia en Tlatelolco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) propuso la idea de que el Estado ofreciera disculpas a las víctimas. No obstante, no se concretaron disculpas, compensaciones ni acciones de justicia.
En 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mencionó un acuerdo para establecer una comisión presidencial centrada en verdad, justicia, memoria y no repetición. Aunque esta comisión continúa en funciones, la justicia transicional, a menudo mencionada por López Obrador, no se ha materializado plenamente. Las víctimas y sus familias aún aguardan justicia, compensación y garantías
DJC