Alejandro Encinas es uno de los pocos cuadros respetables que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta donde se sabe está un poco harto de su encomienda en la Secretaría de Gobernación. Ha alistado su renuncia, pero ha desistido.
Quizá tenga razón para hacerlo o para pensarlo. La autodenominada 4T ha prometido mil cosas, pero en los hechos solo han sido promesas de político: incumplidas.
En el libro “El imperio de los otros datos”, Luis Estrada contabiliza la friolera de 86 mil mentiras. De ese tamaño.
Por eso cuando se ve a un político como Encinas enredado en temas como el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa o iniciar trabajos para esclarecer la guerra sucia de los años 70 en México, simplemente da pena.
Encinas, recalco, es de los pocos cuadros profesionales y con cierta respetabilidad de este gobierno.
El 30 de agosto de 2021 a las 14:34 horas el presidente López Obrador publicó un Tweet:
Encinas divulgó entonces lo siguiente:
“Durante la presidencia de Vicente Fox se creó en el 2002 la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo de investigar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas entre las décadas de 1960 a 1980. Fueron años de diligencias y trabajo, sin embargo, el final de la FEMOSPP fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno Federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles” (Informe Histórico de la FEMOSPP – Alejandro Encinas).
¿Ha sucedido algo? Hace unos días manifestantes del caso Ayotzinapa irrumpieron en el Campo Militar Número 1 y terminaron en un choque con la policía.
Antes, un grupo de personas pudo ingresar al Campo Militar Número 1 por lo de la guerra sucia de los años 70.
Sinceramente considero que abrir esos lugares a quienes hacen un justo reclamo es simple demagogia. Es absolutamente increíble que, si ahí se hubieran cometido atrocidades, sigan las pruebas ahí tan tranquilas después de años o décadas. Pero dejar entrar a la gente sirve para la foto.
El nombre oficial de la oficina a cargo de Ignacio Carrillo Prieto fue Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Esa oficina fue un auténtico fracaso. No llevó a nadie prominente a la cárcel y sabrá dónde fueron a parar sus expedientes.
Hace poco me contaba la periodista Laura Sánchez que al investigar el caso Colosio descubrió que el gobierno había mentido: el expediente no estaba en el Archivo General de la Nación, como oficialmente se decía, sino que estaba arrumbado en algún lugar del penal de máxima seguridad de El Altiplano. De 1994 a la fecha han gobernado priistas, panistas y ahora morenistas.
¿El asesinato de Colosio fue un crimen de Estado? Sí. ¿La guerra sucia de los 70 o las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 fueron operaciones de Estado? Sí. ¿Lo ocurrido en Ayotzinapa es un crimen de Estado? Sí.
¿Por qué son crímenes de Estado? Porque gobiernos de distintos partidos y entidades que integran al Estado mexicano han sido cómplices en el desvío de las investigaciones, en esconder información o actuar con demagogia.
Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción.
Hace un año en estos #Recovecos se escribió que la Guerra sucia es la otra batalla perdida de AMLO.
De enero de 2002 a noviembre de 2006, Carrillo Prieto mantuvo unas oficinas en un viejo edificio en la esquina de Juárez e Iturbide, en el centro de la Ciudad de México. Ahí o en sus domicilios fueron interrogados desde Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Miguel Nazar Haro y muchos personajes vinculados a esos años oscuros en la historia del país.
Cada que algún personaje de ese calibre era sentado en el banquillo de los acusados, el discurso oficial iba en el sentido de que se iba a acabar con la impunidad. Sin embargo, algunos murieron o, como el emblemático Echeverría, acabó purgando una pena en prisión domiciliaria por su estado de salud y su edad, aunque al final resultó exonerado por tribunales y buenos abogados como Juan Velásquez.
Versiones recogidas por este reportero señalan que políticos y políticas de altos vuelos presionaron a Vicente Fox para “bajarle” al tema de la Fiscalía Especial.
Incluso, ya en el sexenio de Felipe Calderón se iniciaron varios procedimientos administrativos en contra de Carrillo Prieto por presuntos actos de corrupción.
Ya veremos si en el futuro Alejandro Encinas corre la misma suerte de Carrillo Prieto.
Lo que es un hecho es que sí ha sido el Estado, como es el reclamo. Y sigue siendo el Estado.
Punto y aparte. Elba Esther Gordillo tiene apuesta para la Presidencia de la República. Una pista es que esa apuesta tiene un desempeño interesante en redes sociales…
Punto final. AMLO, afirman, tendrá su reforma para extender el plazo hasta 2028 para que las fuerzas armadas sigan apoyando a la Guardia Nacional en tareas de seguridad. Y lo hará por las buenas y por las malas.