Como la Ley Federal del Trabajo lo marca, el reparto de Utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores mexicanos para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, por lo que se vuelve unas de las prestaciones laborales más codiciadas por los trabajadores, así como también de las más vigiladas para evitar abusos de parte de los empleadores.
En este caso fue el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, liderado por Carlos Pavón Campos, el que puso en el ojo del huracán el reparto de Utilidades, y abrieron, mediante una controversia, la posibilidad de que haya un ajuste en el pago de Utilidades a los trabajadores, esto luego de que evidenciaran una "inconstitucionalidad” en los cambio que hubo en la Ley Federal del Trabajo en en el año de 2017.
Vale la pena destacar que este amparo contra la reforma laboral en el criterio de reparto de Utilidades, fue concedido por la Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, Rosaura Rivera Salcedo a la Sección 120 de la Ciénega en Santiago Papasquiaro Durango.
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De acuerdo a información de El Economista fue desde el pasado miércoles 9 de agosto de 2023 que la jueza antes mencionada otorgó a la Sección 120 de la Ciénega en Santiago Papasquiaro Durango, del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente” el amparo en contra los cambios relacionados con la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo en su artículo 127, fracción VIII, de la Ley del Trabajo.
¿Cuánto darán más de Utilidades?
El mismo Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE en un comunicado de prensa informó que las Utilidades a repartir serán equivalentes al 10 por ciento de las ganancias totales que reportó la empresa durante ese año ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Como parte del pago de utilidades de 2022 debimos recibir alrededor de 900 millones de pesos, y sólo se repartieron 300 millones de pesos, ¿en dónde quedaron 600 millones, si la Constitución señala que se debe pagar el 10% de las ganancias que obtuvieron las empresas?”, sentenció Carlos Pavón Campos, el primer líder sindical del sector minero en obtener un amparo en contra “del tope” que se estableció en la reforma de 2021 para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
AJA