El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una de las dependencias más relevantes de esta administración en materia de ingresos y liquidaciones, afrontó en diciembre 2020 la renuncia de su ex titular Jaime Cárdenas. Después de 4 meses en el cargo, evidenció irregularidades administrativas por parte de las empresas que contrató en materia de seguridad.
¿Qué ocurrió con este caso? ¿Hubo sanciones? La Silla Rota dio seguimiento al tema y mediante solicitudes de transparencia preguntó al Indep qué pasó en 2021 y 2023 con dichas investigaciones y si hubo consecuencias legales al respecto. En general, el Instituto respondió que no se interpuso ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República ni autoridades administrativas.
El tema es relevante porque se documentó como este órgano descentralizado la administración de la 4T registró irregularidades que causaron pérdidas dentro de la institución; pero no procedió legalmente contra ellas a fin de resarcir el daño causado por terceros. Lo anterior contradice el discurso de combate la corrupción, una de las principales líneas discursivas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Te podría interesar
Los datos duros
Se trata de las empresas Sepiver SA de CV, Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA DE CV (en conjunto con Bussines Anyware Solutions SA de CV y SSS Asistencia y Supervisión SA de CV); y Adamantium Private Security Services S de RL de CV, la empresa que representa el ex director de seguridad regional de la ex Policía Federal, considerado gente cercana del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Todas debían vigilar y custodiar más de 5 mil 516 bienes inmuebles del Indep distribuidos en el país, así como bienes inmuebles a su cargo. Pero el instituto no supervisó que éstas realicen sus funciones adecuadamente pese a que esto ha derivado en un total de 67 denuncias penales por despojo en siete años. Contradictoriamente esta dependencia federal, emblemática para la 4T, justifica que la totalidad de estos bienes se encuentran asegurados bajo una póliza global; y además precisa que cada empresa de seguridad responde por los daños que puedan suceder.
En 2020, el Indep reportó que antes de 2018 -en el anterior sexenio- se registró 67 denuncias, todas por el delito de despojo en dichos inmuebles a cargo del ex SAE (Sistema de Enajenación de Bienes). En 2013 fue una denuncia ante el ministerio público de la federación; otra en 2015. Tres en 2017 ante el ministerio público mexiquense. 35 denuncias en 2018 (sin precisar el mes) por despojo, daño y robo en la FGR en Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Chihuahua.
Lee más: Acumulan años los robos al instituto que devuelve al pueblo lo robado
En 2019 (durante la administración de la 4T) informó que fueron 10 más ante el ministerio público de la federación en los meses de abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre. 17 más en 2020 en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto.
La Silla Rota preguntó en aquella ocasión al Indep cuánto dinero perdió por estos despojos. La respuesta fue nada. Cita textual la Dirección Corporativa de Coordinación Regional explicó que "los bienes que se encuentran en la administración de este instituto cuentan con una póliza global de seguros que los ampara, asimismo se tiene un contrato de servicio de vigilancia siendo dicho proveedor quién los custodia y responde ante cualquier incidente que le sea atribuible en relación con los mismos".
Sin embargo, no queda claro por qué si estas irregularidades -aparentemente- no causan un impacto económico al Indep para qué fueron denunciadas entonces ante la Fiscalía General de la República.
¿Y qué pasó después de 2019?
En su renuncia Jaime Cárdenas informó al presidente Andrés Manuel López Obrador haber encontrado "mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas-. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas al órgano interno de control”.
En 2021 se preguntó al Indep si denunció ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública y qué consecuencias hubo. Su respuesta fue "no existen denuncias penales relacionadas con irregularidades y acciones en perjuicio de los inmuebles a cargo del Indep por parte de las empresas de seguridad contratadas en diciembre de 2019".
Dos años después, en mayo, se volvió a abordar el tema. La Dirección Corporativa Jurídica del Indep respondió en junio "se realizó una búsqueda amplia y exhaustiva en los archivos y bases de datos de la Dirección Ejecutiva Jurídica Contenciosa, así como la coordinación laboral y penal, sin que se localizara información que cumpla con los extremos de información requeridos.
También se preguntó si a partir de lo ocurrido en diciembre de 2020 se registraron nuevos casos relacionados con irregularidades, robos, despojos u otros entre enero y agosto de 2021. "No existen casos ni antiguos ni nuevos relacionados con la detección de irregularidades y acciones en perjuicio de los inmuebles a cargo del Indep por parte de las empresas de seguridad contratadas en diciembre de 2019.
Otros antecedentes
La Silla Rota publicó en septiembre de 2020 que desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto el Indep, antes llamado Administración de Bienes de Comercio Exterior, "registró pérdidas por 141 millones 182,900 al perder juicios en los que se determinó que los bienes embargados vendidos destruidos o donados fueron decomisados de forma ilegal". Lo anterior con base en un reporte de la auditoría superior de la Federación.
Lee más: Desde Peña, quebrantos al Instituto que encabezó Jaime Cárdenas
En marzo 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó en los reportes de la Cuenta Pública 2021 que el Indep pagó servicios médicos a personas que ya habían fallecido o que no acreditaron los requisitos para recibir dicho beneficio.
Lee más: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pagó 63 millones a muertos: ASF