La red de sobornos de Odebrecht, el expolio de 2,000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los secretos financieros de dirigentes del PRI mexicano lograron ocultarse en la Banca Privada d'Andorra (BPA), una institución financiera ubicada en Andorra que estaba protegida por el secreto bancario hasta 2017. La dirección de la BPA implementó estrategias para ocultar el dinero ilícito de sus clientes y garantizar la seguridad fiscal y penal de la entidad, según revelan los correos internos de exempleados incluidos en un informe de la auditora PwC.
Información de El País señala que estos correos proporcionan información sobre cómo el banco pudo recibir fondos sospechosos de políticos del PRI, como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra, la senadora Sylvana Beltrones (hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones) y Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto. Los empleados mencionan términos como "delito", "ilegal", "tapadera" y "situación irregular" para describir las operaciones y advierten sobre las posibles consecuencias penales.
Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones y afirma que la entidad operaba dentro de la legalidad, calificándola de "modélica".
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Contexto
El próximo mes de noviembre, una juez federal determinará si continúan o se suspenden los procesos penales de Odebrecht y Agronitrogenados contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la juez Verónica Gutiérrez Fuentes citó a audiencia el próximo 4 y 7 de noviembre
Las sesiones se llevarán a cabo luego de que el pasado 12 y 26 de abril, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza canceló ambas. En la primera se definiría si se concedía el criterio de oportunidad que solicitó el ex director de Pemex a la FGR contra el proceso del caso Odebrecht.
En la segunda, el juez determinó aplazar la audiencia intermedia donde la FGR lo acusaría de los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, también por el caso Odebrecht.
El segundo proceso penal que lo mantiene en prisión es el caso Odebrecht, donde también recibió sobornos, por este caso la Fiscalía General de la República lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Hace unos días la instancia de justicia pidió una sentencia de 39 años de prisión y siete millones de dólares como reparación del daño.
En febrero de este año se comunicó que, por mentir en la forma en que obtuvo un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), la transnacional Odebrecht debe pagar 543 millones 488 mil 615 pesos de multa. El pago fue confirmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el análisis del amparo 5248/2022. solicitado por la empresa contra el falló de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) del 13 de octubre de 2021.