El Instituto Nacional de Migración (INM) no presentó denuncias por las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020. Se trata de un desvío de recursos por 143.2 millones de pesos hecho al extranjero a través de empresas proveedoras de tecnología que contrató el Instituto para diversas funciones, como la credencialización de migrantes, que no realizaron.

La Silla Rota dio seguimiento a este tema con base en la nota que publicó el 28 de octubre de 2021 y dos años después interpuso las solicitudes de transparencia relacionadas con el caso: no encontró denuncias ni sanciones.

El tema es relevante porque, de nuevo, La Silla Rota documenta que dependencias del gobierno federal no llegan hasta sus últimas consecuencias jurídicas y administrativas para sancionar a funcionarios relacionados con casos de presunta corrupción interna que afectan al erario. Esto, a pesar de ser una de las promesas de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Silla Rota publicó hace dos semanas que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) no presentó ninguna denuncia contra las empresas de seguridad privada que contrató por diversos servicios y que se vieron involucradas en diversas irregularidades.

¿Y cómo sucedió lo del INM?

La ASF detectó que el Instituto Nacional de Migración realizó contrataciones irregulares en sistemas de tecnologías de información y que el dinero que pagó llegó a diversas cuentas en el extranjero. Este último dato se corroboró con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También señaló que en dichas contrataciones no se solventaron "los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez… No existe claridad en los procedimientos realizados por el INM para la selección de los proveedores participantes”.

Las cuatro empresas irregulares que detectó la ASF son Comercializadora Antsua SA de CV, Tecnología en Sistemas de Apoyo SA, IQSEC SA de CV y Nemesisco SA de CV. La Auditoría explicó así el modo de operar de estas empresas “entre noviembre de 2019 y junio de 2020 Comercializadora Antsua S.A. de C.V. recibió pagos por 231 millones 696 mil 700 pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los que distribuyó 146 millones 079 mil 300 pesos entre seis empresas (segundo nivel) que a su vez distribuyeron 127 millones 778 mil 300 pesos a un grupo de 15 empresas (tercer nivel). De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM”.

¿Y qué respondieron?

En una solicitud de transparencia la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, y esta a su vez de la oficina del subcomisionado jurídico de la Unidad de Transparencia respondió: "se realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos electrónicos de la oficina del subcomisionado jurídico; sin embargo, no se localizaron denuncias administrativas interpuestas por esta subcomisión ante la Secretaría de la Función Pública por los hechos manifestados por la persona solicitante”.

Por otro lado, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto respondió que, sobre las cuatro empresas en cuestión, "no cuenta con información relacionada a denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública".

Consultada sobre el mismo tema la SFP informó que solicitó información a la Unidad de Denuncias e Investigaciones; al Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración; la Dirección General de Denuncias e Investigaciones y a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.

"De la búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta no se localizaron registros de sanciones firmes de ningún tipo (graves o no graves) en contra de las personas morales de su interés".

Las irregularidades en el INM

Durante este sexenio el INM se ha visto afectado por diversas irregularidades; en este caso por contratar sistemas de tecnologías de la información para expedir tarjetas de identificación de condición migratoria, sin que se haya proporcionado tal servicio; pero el dinero se desvió al extranjero. En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que ese desvío fue corroborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El hecho más sensible y reciente ocurrió el 28 de marzo, hace casi 4 meses, cuando se registró en Ciudad Juárez el incendio de una de las estaciones migratorias como resultado de un motín; a la fecha no hay detenidos ni sancionados a pesar de que un video registra que uno de los vigilantes no abrió las puertas para que los migrantes pudieran salir a tiempo del incendio.

El hecho cobró la vida de 40 centroamericanos porque la estación estaba rebasada en su capacidad y posteriormente fue cerrada. Una semana después de lo ocurrido se inició la vinculación a proceso contra cinco presuntos responsables (tres agentes del INM, un agente de seguridad privada y dos migrantes).

El titular del INM, Francisco Garduño, aseguró que no renunciará a su cargo, aunque se abrió un proceso penal en su contra, hasta que la Fiscalía General de la República concluya su investigación y determine responsabilidades de los involucrados.

Las empresas 

Comercializadora Antsua SA de CV fue parte del padrón de proveedores y contratistas de la Secretaría de Administración de Jalisco desde 2019. Entre alguno de los productos ofertados está el comercio al por mayor de electrodomésticos; informó que su domicilio fiscal se encontraba en Polanco (Cdmx). Entre 2015 y 2017 fue proveedora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua para entregar productos textiles, uniformes tácticos, equipo balístico y accesorios y señaló que su domicilio fiscal estaba en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tecnología en Sistemas de Apoyo SA recibió contratos del gobierno federal en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; también fue proveedora de la Comisión Federal de Electricidad.

IQSEC SA de CV recibió en 2020 contratos del ISSSTE por el concepto de "servicio integral de periféricos" así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (para el manejo del dominio de su página web) y del Instituto Nacional Electoral (para renovar suscripciones de servicios de su página de internet). De la empresa Nemesisco SA de CV no se encontró información vía transparencia.

MRV