La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la segunda parte del Plan B en reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nueve votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto propuesto por Javier Laynez Potisek, quien argumentó violaciones al proceso parlamentario, iguales al análisis realizado en mayo pasado durante la declaración de inconstitucionalidad de la primera parte del plan B.
Las ministras que votaron en contra del proyecto fueron: Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel Mossa.
"La división de poderes es fundamental para frenar excesos. El Plan B que buscaba debilitar al INE, ha quedado totalmente invalidado, terminó en el cesto de basura de la historia", posteó el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel.
"Alzamos la voz y gracias a eso, la democracia está viva y el Plan B ha muerto. Gracias a la defensa de las instituciones como la SCJN logramos frenar este atropello a la constitución", tuiteó Jorge Álvarez Máynez.
La caída total del #PlanB es una buena noticia para la democracia mexicana. El @INEMexico ha demostrado ser una institución seria, capaz de realizar procesos democráticos confiables y que brinda certeza a la voluntad ciudadana; intentar vulnerarla era una absurdo más de Morena", opinó Alejandro "Alito" Moreno, en Twitter.
Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México escribió:
"El día de hoy la mayoría de los ministros de la SCJN invalidaron el llamado Plan B. Ni siquiera entraron a discutir el fondo.. la verdad, era esperable. Es ya sistemático su comportamiento. Ya saben, ¡¡Vamos por el plan C!! .. A seguir haciendo historia"
La ministra en retiro, exsecretaria de Gobernación y actual senadora Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Plan B electoral que la Suprema Corte invalidó en su totalidad, fue producto de un proceso legislativo muy atropellado y desaseado.
“Yo quiero reconocer que estuvo atropellado, no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de origen”, dijo Sánchez Cordero.
El exsecretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial de Morena para el 2024, Adán Augusto López, rechazó que una reforma tan necesaria como la electoral, haya sido declarada inválida por la SCJN.
“Las y los ministros deben entender que los tiempos han cambiado. Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones. Pero que no quieran frenar avances democráticos significativos disfrazados con la toga de la ‘justicia’. Lo hemos venido diciendo, y hoy lo reafirmamos: urge renovar al Poder Judicial”, escribió Adán Augusto, en Twitter.
"El día de hoy inicia el Plan C para convertir a México en un país verdaderamente democrático. Para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia. ¡En sus marcas, listos, fuera!", tuiteó Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Argumentación y votos
Al iniciar el debate, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, comentó: “yo votaría a favor de la propuesta por dos razones precisas. La primera de ellas es que el decreto que estamos analizando compartió al menos en su primer tramo el mismo proceso legislativo que el decreto analizado en la acción de inconstitucionalidad que resolvimos el pasado 8 de mayo, es decir, compartió exactamente los mismos vicios legislativos”.
Agregó: la segunda razón, es que el tramo legislativo que no analizamos en la acción de inconstitucionalidad del 2023 que mencioné con la anterioridad se registraron en este caso aún más vicios de gran gravedad como queda plenamente acreditado en la propuesta la Cámara de Diputados modificó porciones normativas del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ya habían sido aprobados por su legisladora y viceversa la Cámara de Senadores”.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf expresó: “no comparto el sentido, ni las consideraciones de la propuesta respecto de las violaciones al procedimiento legislativo para aclarar la invalidez de un decreto. En este tema se debe analizar el procedimiento en su integridad para verificar que se haya respetado el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad las reglas de votación establecidas, así como la publicidad de las deliberaciones y votaciones. Las causas por las cuales es posible invalidar una ley por vicios del procedimiento tiene que ser suficientemente graves”.
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Al tomar la palabra, la ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que no comparte el proyecto, al mencionar: “respetuosamente tampoco comparto la declaración de invalidez del Decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo en congruencia con mi voto emitido en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 del 8 de mayo pasado, pues tal como los obtuve en aquella ocasión considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas en ambas cámaras del Congreso de la Unión pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación”.
La ministra afirmó que: “lo relevante, como lo señalé la ocasión anterior, el procedimiento legislativo inició con un acuerdo político de la Jucopo de la Cámara de Diputados en el que se aceptó mayoritariamente procesar el mismo día las iniciativas que hoy nos ocupan y el proyecto propone ignorarlo con franca violación al principio de división de poderes, porque en mi opinión los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos y menos aún desentendernos que en dicha cámara hubo 267 votos a favor y 219 en contra del decreto de reformas y en la de Senadores que fungió como revisora mereció su aprobación por 69 votos a favor y 53 en contra ejercicio democrático que estamos a punto de invalidar”.
En cambio, Luis María Aguilar Morales, opinó: voto a favor de declarar la invalidez de todo el decreto. En primer lugar, quiero reiterar como lo he sostenido en otras ocasiones, por lo que de acuerdo con todos los poderes del país. Esto implica que todos los poderes tienen el deber de proteger la voluntad popular como también corresponde. Garantizar la primacía de la Constitución la cual recoge el fundamental mandato del pueblo mexicano que exige obediencia y lealtad de todos los poderes y de todas las personas”.
Agregó: “el ejercicio de este poder soberano que el pueblo mexicano decidió constituirse en una república representativa y democrática de modo tal que los representantes populares tienen el deber de proteger los intereses y trasladar la voluntad popular depositada en las urnas actuando en todo momento dentro de los límites que impone nuestra Constitución que lo digo de nuevo y enfáticamente representa la voluntad popular como su mejor expresión tal como lo he manifestado durante muchos años”.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, expresó:
“comparto los argumentos del ministro Aguilar, del ministro Pérez Dayán y del ministro Luis Alcántara González Alcántara. Yo también felicito al ministro Laynez porque su proyecto es un estudio muy exhaustivo al margen de que puedo no compartir todas las violaciones invalidantes que se nos están proponiendo y que haré un voto concurrente separándome de algunas de ellas. Considero que no se no afectan o no se tienen el vicio de invalidar la norma, pero el conjunto de las que el ministro ponente desarrolló exhaustivamente. Sí comparto ese proyecto sobre todo porque yo también considero que como Tribunal Constitucional debemos tener congruencia en nuestras decisiones. La última acción fue la acción del ministro Pérez, pero se van perfilando los votos, pero siempre hay que ser congruentes la en la acción 150 de 2017 y acumulada en donde se impugnó el decreto porque se reforman y adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión y que se resolvió”.
Norma Lucia Piña Hernández, continuó su intervención: “el 29 de agosto de 2022 es decir, hace unos meses, que por unanimidad se consideraron invalidantes son semejantes a los que el ministro Laynez está proponiendo en esta ocasión y fue una decisión por unanimidad. Podemos como ponentes, como ministros cambiar de voto una nueva reflexión, pero siempre por congruencia y por respeto a la ciudadanía, tenemos que hacer patente un cambio del criterio, pero tampoco llevar los votos en una ley y después posteriormente cambiar la votación sin decir por qué se aparta del criterio o nos apartamos”.
Al respaldar el proyecto de inconstitucionalidad, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló: “desde 2010, que fue la primera ocasión en que me tocó pronunciarme sobre el tema de violaciones al procedimiento legislativo, he venido sosteniendo reiteradamente que este es un tema particularmente delicado que se tiene que analizar con cuidado y que solamente nos es dable invalidar un proceso legislativo cuando los vicios al procedimiento son graves y tienen un contenido invalidante que afecta el debate y la discusión deliberativa democrática ¿por qué?, porque me parece que de hacerlo contrario estaríamos en riesgo de afectar la división de poderes de poner en duda nuestra legitimidad pero además algo muy delicado si el debate democrático se respetó si minorías y la mayoría en un parlamento se pudieron pronunciar y debatir quizás invalidar un proceso cuando eso se respetó implicaría afectar la integración del órgano legislativo decidido por la ciudadanía, en las urnas y darle a la minoría en una sentencia lo que se perdió o no ganaron a través del voto popular, por eso he sostenido que solamente podemos invalidar los procesos cuando existan violaciones graves al proceso legislativo, cuando se afecta el debate democrático, cuando las mayorías y las minorías en el Congreso no pudieron participar en igualdad cuando no se respetó la forma de votación o cuando no fueron públicas estas discusiones y votaciones, así he votado reiteradamente en todos los precedentes desde 2010”.