La segunda mitad del "Plan B" de la reforma electoral en el país se encuentra en el punto de mira, con la presentación de un proyecto de sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro Javier Laynez, que propone su invalidez. Este argumento se basa en irregularidades en el proceso legislativo que tuvo lugar desde su redacción y discusión en el Poder Legislativo. Si se aprueba este proyecto de sentencia, las elecciones de 2024 se regirán por las mismas reglas que se aplicaron en 2018.
Javier Martín Reyes, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, posteó imágenes del proyecto del ministro Javier Laynez para invalidar la segunda parte del Plab B del presidente Andrés Manuel López Obrador por “graves violaciones al procedimiento parlamentario”
“De aprobarse, sería la muerte de la reforma más regresiva en la historia de la democracia mexicana”, escribió el académico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede poner fin a este asunto, resolviendo la acción de inconstitucionalidad presentada tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por los grupos de legisladores de la oposición. Para que esto ocurra, el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Javier Laynez, debe recibir al menos ocho votos favorables de los once ministros.
Laynez argumentó en su proyecto que los derechos de los legisladores para conocer las propuestas de enmienda y participar en el debate parlamentario fueron seriamente infringidos durante la discusión de la reforma electoral, lo que afecta a los principios de la deliberación democrática.
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El proyecto de sentencia se basa en el hallazgo de que todas las violaciones evidentes durante la primera parte de las reformas electorales, misma que ya fue declarada invalidada desde el mes de mayo debido a que también se encontraron en este caso. Ambos decretos siguieron en general el mismo proceso legislativo. Sin embargo, en esta segunda instancia, se detectaron más infracciones graves al proceso legislativo.
De acuerdo con lo dicho en el proyecto de sentencia, la iniciativa originalmente publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada durante la discusión en la Cámara de Diputados, sin que se notificara de manera transparente a los legisladores acerca de la sustitución o las modificaciones. Además, se descubrió que las Cámaras alteraron artículos del proyecto de Decreto ya aprobados en sesiones anteriores, lo cual es una violación directa de la Constitución.
Si la votación mayoritaria resulta en la invalidación del "Plan B" de la reforma electoral, se anularán las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023.
Este segundo paquete de reformas buscó reducir en gran número la plantilla de integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y restar facultades del INE en materia de capacitación, organización y fiscalización. Si se invalida, gracias a este proyecto del Ministro Laynez, ninguna de las modificaciones al sistema electoral ni a sus facultades tendrá efecto, por lo que el INE no cambiará en nada la forma en que se ha manejado.
A principios de junio, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que este viernes 2 de junio inició la veda legislativa para modificar leyes aplicables al proceso electoral 2023-2024, por lo que la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador deberá llevarse a cabo con las leyes previas al llamado Plan B.
“La ley dice que la primera semana de septiembre el Consejo General del @INEMexico deberá sesionar para dar inicio al proceso electoral 2023-24. La Constitución, por su parte, establece que en los 90 días previos las leyes no pueden modificarse. ¡Hoy comienza esa veda legislativa!”, tuiteó el exconsejero del INE.
En hilo de Twitter, Córdova Vianello advirtió que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la segunda parte del “Plan B” (4 leyes), es casi inevitable que decrete su eliminación porque el proceso legislativo que le dio origen fue el mismo que el de la primera parte que ya fue declarado inválido.