Toda vez que fue publicado el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas modificaciones a la normativa electoral, en particular a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impactan la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), su regulación interna, así como a diversas funciones relacionadas con la organización de los procesos electorales, su Consejo General, máximo órgano de dirección, creó de manera temporal un Comité Técnico que presentará toda la gama de normas, instrumentos, procedimientos, manuales y demás, que son necesarios adecuar para atender lo dispuesto en diversos artículos transitorios de la reforma electoral 2023.
Para ello, el INE, independientemente de los medios de defensa legal que ha promovido a fin de controvertir la constitucionalidad de dicha reforma, aprobó el pasado 16 de marzo el Plan y Cronograma de Trabajo de dicho Comité para llevar a cabo las modificaciones estructurales y organizacionales correspondientes, así como a su marco normativo interno que le permita enfrentar este enorme desafío.
Es de advertir que en la sesión pública en el que aprobaron dichos documentos, se replantean los plazos contemplados en los artículos transitorios de la reforma electoral por el desface presentado entre la propuesta original y la que finalmente fue publicada en el DOF, con el objetivo de realizar una adecuada implementación de la reforma electoral.
En este sentido, el Plan estará conformado de dos ejes: el que corresponde a la revisión de la estructura organizacional del INE, y la que analizará y propondrá, al Consejo General, las adecuaciones normativas respectivas que estén alineadas a la nueva legislación electoral.
Así, dentro del primer rubro el INE deberá emparejar las atribuciones legales con la estructura del INE, rediseñando los perfiles de puestos, el tabulador respectivo; la compactación de áreas de acuerdo con la reforma sin descuidar sus atribuciones en torno a organizar y desarrollar de manera eficiente los procesos electorales tanto federales y locales; estos últimos en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas.
En el rubro de la adecuación normativa el INE busca que sus funciones, procedimientos y estructura correspondan a las directrices de la reforma electoral. Observamos que ambos rubros no serán fáciles de integrar y conformar con base en lo acordado por los tiempos programados por el INE que van prácticamente del presente mes de marzo a octubre, fecha en que el Consejo General del INE deberá estar aprobando la nueva estructura y normativa con la que se enfrentará la elección de 2024 que, se estima, podría albergar a 97 millones de electoras y electores.
Ahora bien, son muchas las inconsistencias y aspectos regresivos de esta reforma que, independientemente de que el INE esté tomando estas disposiciones, algunas autoridades judiciales han emitido sentencias que revierten algunos aspectos de esta. Por consiguiente, habrá que estar al pendiente de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde hacemos votos para que, conforme a Derecho, pueda analizar con detenimiento lo que está planteado en la nueva normativa electoral en la que, considero, existen disposiciones que contravienen diversas normas constitucionales.
El Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos no solo un asunto más, sino prácticamente la determinación de generar un sistema electoral que permita la organización de las elecciones en paz, con equidad, justicia e igualdad en el que el voto de las y los ciudadanos sea respetado, su voz escuchada a través de su sufragio, pero sobre todo, que permita que el poder político, independientemente de quien gane las elecciones de los múltiples cargos que estarán en disputa, pueda transitar bajo un esquema de democracia, es decir, garantizando a todos y a todas sus derechos fundamentales.