La Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados presentaron ante la Corte un recurso jurídico conocido como Amicus Curiae (amigos de la Corte) en el que plantea diversos argumentos para exponer por qué el Plan B de reforma electoral debe ser anulado en su totalidad. El documento se presentó el 26 de mayo.
El principal argumento jurídico que planteó es que "amenaza la existencia de instituciones electorales independientes en México" en referencia a la reforma electoral a leyes secundarias que aprobó Morena y sus aliados en el Congreso en noviembre de 2022.
El tema es relevante porque en abril de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta de reforma constitucional a la Cámara de Diputados; pero esta no alcanzó consenso entre los legisladores oficialistas y partidos de oposición por lo que fue rechazada ante el pleno. En respuesta, Morena en menos de 24 horas, presentó la misma iniciativa del presidente a nombre propio, le dispensó trámites y consideró el tema como de urgente y obvia resolución por lo que turnó a pleno para su discusión, bajo la negociación del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
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En la Corte las y los ministros discutieron este tema en mayo y por mayoría de ocho votos dejaron sin validez la primera parte del Plan B; esto, no por irregularidades en su contenido pues ese tema no se abordó por ahora.
Así, el principal argumento para no dar validez a esta primera parte (referente a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas) fueron las irregularidades en el trámite de dicha reforma en el Congreso.
¿Qué dice el amicus curiae?
Entre los principales argumentos legales que aportó este documento con referencia a la controversia 261/2023 se expone que el Plan B de reforma electoral pone en riesgo las instituciones electorales en México porque no garantiza su independencia.
Considera que a través del Plan B de reforma electoral el Poder Ejecutivo impone al INE nuevas estructuras organización y manejo de recursos humanos interno "lo que vulnera gravemente su independencia, violando las obligaciones internacionales de México relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y el derecho a participar en elecciones periódicas auténticas".
Precisa también que esta reforma permite que la Secretaría de Hacienda pueda modificar el presupuesto del instituto a criterio propio, bajo el contexto de la austeridad republicana que perfila el actual gobierno.
Y añade "permite también al Ejecutivo intervenir en las decisiones internas de carácter operativo y técnico en el INE, situación que viola los compromisos y obligaciones internacionales de nuestro país para garantizar organismos electorales independientes".
Tanto Víctor Olea, presidente de la Barra como Amrit Singh, directora ejecutiva de Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, consideraron que este documento aportará mayores elementos a las y los ministros para tomar las decisiones que consideren pertinentes sobre el tema.