La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que el próximo lunes 8 de mayo iniciará la discusión del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que se propone invalidar el decreto de reformas que contempla la primera parte del Plan B electoral.
Esta semana la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Corte aplazar la discusión y primero analizar y votar las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018.
Al analizar la petición, el pleno determinó que la discusión de la primera parte del Plan B es un tema prioritario para los procesos electorales, por lo que es primordial analizarlo y resolverlo para evitar repercusiones.
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Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público el proyecto de sentencia escrito por Alberto Pérez Dayán. El documento enlista distintas violaciones al proceso legislativo en el que fue aprobada la iniciativa.
De acuerdo con el proyecto el Congreso de la Unión cometió seis violaciones graves que tienen impacto en la aprobación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También, contempla la invalidez total de las normas impugnadas, sin entrar al debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas electorales que componen la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, por lo que no se necesitará discutir a fondo cada tema.
“Por lo expuesto, y al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación al procedimiento legislativo, lo procedente es declarar la invalidez total del Decreto impugnado, por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez”.
Las principales violaciones, refiere el proyecto, son: la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal al probarse el Decreto sin tomar en cuenta las reglas del procedimiento legislativo.
También, porque la iniciativa no tuvo un proceso legislativo ordinario para su aprobación, ya que se solo se argumentó “urgencia u obvia resolución”.
Además, fue aprobado originando transgresión al principio de deliberación democrática, al no darse un debate, por lo que no se tuvo una deliberación democrática real, cualitativa y de fondo.