Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá anular la primera parte de la reforma electoral, conocida como Plan B. De acuerdo con el proyecto presentado por el ministro Pérez Dayán, el llamado Plan B presenta varias irregularidades y violaciones la Constitución, entre ellas la reformas la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que no son “superables”.
El ministro Pérez Dayán planteó la invalidez de las reformas referidas, “por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.
Para que el proyecto del ministro sea aprobado se requiere de 8 votos de sus compañeros y se espera que el máximo tribunal discuta el tema el lunes 8 de mayo.
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Cabe mencionar que el ministro Pérez Dayán fue el encargado de recibir las acciones de inconstitucionalidad del Plan B promovidas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Gobierno acusa “filtración” de proyecto de sentencia
El gobierno federal criticó la filtración del proyecto de sentencia en el Supremo que propone invalidar la primera parte del "Plan B" de la reforma electoral aprobada por el poder Legislativo en diciembre de 2022.
“El actuar de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite”, dijo en un comunicado la oficina de Presidencia.
Precisó que el trámite aún no se ha incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual, consideró “se viola flagrantemente” el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que en uno de sus capítulos prohíbe a ministros y funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión “que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”.
Esta declaración se dio en respuesta a que el pasado lunes, un portal de noticias revelara que el ministro Alberto Pérez Dayán propondría la anulación de la primera parte de la iniciativa debido a que existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.
Con su proyecto, el juez propone anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal?, ¿con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante?, ¿a cambio de qué se entregó la información reservada?”, cuestionó el boletín.
Corte mete freno indefinido al Plan B electoral de AMLO
En marzo, el ministro de la Corte, Javier Laynez Potisek, metió freno por tiempo indefinido a la aplicación del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá seguir operando en la normalidad que lo hacía antes de que entrara en vigor dicha reforma.
Fuentes de la Corte señalaron que la resolución del máximo tribunal del país puede no demorar mucho debido a que se trata de interpretación de ley, por lo que pese a su propia complejidad es factible que no tarde el ministro Laynez en resolver. Además, señalaron que una posibilidad es que ordene al Poder Legislativo corregir lo que sea inconstitucional. En cualquier caso, es de esperarse una resolución de la Corte que despedace los planes del Plan B del presidente López Obrador.
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El ministro Laynez Potisek dio entrada a trámite a la controversia constitucional del INE contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes secundarias, por lo que otorgó una suspensión en contra del Plan B electoral de AMLO.
La suspensión durará todo el tiempo que tarde la Corte en tramitar la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma.
En tanto, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el derecho de impugnar la suspensión ante una de las salas de la Corte.
El INE presentó el pasado 2 de marzo una impugnación contra el plan B de AMLO.