El gobierno federal nuevamente se lanzó en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña, luego de que Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana la señala junto con otros jueces y juezas "que favorecen a delincuentes"; mientras el presidente respaldó un "pacto de paz" con los cárteles del crimen organizado.
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 30 de mayo, el funcionario de Seguridad señaló a la ministra de desechar una queja administrativa contra una juez federal. El señalamiento también fue para la secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF, María Gabriela Rolón Montaño.
Rodríguez Bucio detalló que la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en el estado de Aguascalientes "ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco ‘N’", un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escoltas del exgobernador Martín Orozco.
Te podría interesar
"Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco ‘N’", dijo Rodríguez Bucio desde Palacio Nacional.
El funcionario también señaló a la jueza Cecilia Crokman Flores, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, por el decreto de auto libertad a Héctor Luis “El Güero” Palma por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas; así como a José de Jesús Rodríguez Hernández, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, por la liberación de Guadalupe Israel ‘N’, alias ‘el Choncho’, y cómplices en Guanajuato que fueron detenidos el 24 de mayo en flagrancia durante un cateo y en posesión de cocaína, marihuana, metanfetamina y cartuchos de arma de fuego exclusivos de las Fuerzas Armadas.
El presidente López Obrador, por su parte, vio con buenos ojos la propuesta de Delia Quiroa, madre buscadora perteneciente al colectivo "10 de marzo", para buscar entablar un "pacto de paz" con el fin de que cesen los conflictos armados entre grupos delincuenciales y con ello se combata y eliminen las desapariciones forzadas de personas en el país.
“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.
Contexto
La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez se lanzó contra Sonia Vargas quien es integrante del CJF al señalarla de haber firmado contratos directos por 71,6 millones de pesos desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que estaba a cargo de Genaro García Luna.
Dichos actos de corrupción fueron presuntamente realizados durante la administración del presidente Felipe Calderón la cual empezó en el año 2006 y terminó en el 2012.
Esta situación ha traído diversos comentarios debido a que Sonia Vargas fue contratada por la titular de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña.