Tras la embista de las últimas semanas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra el Poder Judicial, este martes en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó el video institucional #SOMOSCJF, donde muestra las diferentes tareas que realizan las más de 50 mil personas servidoras públicas que laboran en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas en todo el país, con el único compromiso de hacer valer la Constitución, las leyes y la protección de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
De acuerdo con el CJF, su objetivo central es hacer posible que las personas, independientemente de su condición social, preferencias, ideología o religión obtengan justicia, para ello la función jurisdiccional recae en más de mil 700 juezas, jueces, magistradas y magistrados federales que junto con secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, oficiales judiciales, abogadas y abogados, suman esfuerzos para que cuando las personas acudan a los juzgados y tribunales federales de todo el país, reciban justicia pronta, completa e imparcial.
PUEDES LEER: Ataques de AMLO contra Poder Judicial ponen en riesgo a jueces y magistrados, acusan
Te podría interesar
Para ello, el Consejo de la Judicatura cuenta con el respaldo de personal especializado en distintas áreas: derecho, administración pública, contabilidad, economía, informática, comunicación, diseño, arquitectura, enfermería, ingeniería, matemáticas, medicina, actuaría y ciencias políticas y sociales.
De esta manera, el CJF el personal que labora en la dependencia asumen sus responsabilidades con transparencia, tanto en el ejercicio de los recursos públicos que les han sido asignados como en la función jurisdiccional, ya que jueces y magistrados transparentan sus resoluciones para que las y los interesados, así como el público en general, puedan conocerlas y revisarlas.
4T contra la Corte
Esta mañana, el gobierno federal nuevamente se lanzó en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña, y a la secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF, María Gabriela Rolón Montaño, por desechar una queja administrativa contra una juez federal.
De acuerdo con Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que la queja desechada fue contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en Aguascalientes.
Rodríguez Bucio apuntó que Álvarez Rodríguez ha sostenido criterios parciales beneficiando a cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de una persona en 2018.
La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez se lanzó contra Sonia Vargas quien es integrante del CJF al señalarla de haber firmado contratos directos por 71,6 millones de pesos desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que estaba a cargo de Genaro García Luna.
Dichos actos de corrupción fueron presuntamente realizados durante la administración del presidente Felipe Calderón la cual empezó en el año 2006 y terminó en el 2012.
Esta situación ha traído diversos comentarios debido a que Sonia Vargas fue contratada por la titular de la Suprema Corte, lal ministra Norma Piña.