El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca; Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública del mismo municipio, así como 18 personas más fueron absueltas de los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado, en el caso del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
A José Luis Abarca le imputaron haber ordenado secuestrar a los normalistas de Ayotzinapa en la llamada “Noche de Iguala”; pero el Ministerio Público Federal no pudo acreditar que el político diera la orden de detener los autobuses en los que viajaban los jóvenes, en un hecho que derivó en su desaparición hace casi 9 años.
Sin embargo, el exfuncionario no podrá salir de prisión por otra sentencia de 92 años de cárcel que pesa en su contra, además de otro proceso penal abierto.
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La determinación fue tomada por un Tribunal Colegiado en el estado de Tamaulipas, al confirmar la sentencia de un juzgado de esa entidad quien determinó que las detenciones fueron hechas de forma irregular.
La determinación también beneficia a: Alejandro Andrade de la Cruz, Arturo Calvario Villalba, Baltazar Martínez Casarrubias, Emilio Torres Quezada, Fausto Bruno Heredia, Hugo Salgado Vences, José Vicencio Flores, Juan Luis Hidalgo Pérez, Marco Antonio Ramírez Urval, Mario Cervantes Contreras, Miguel Ángel Hernández Morales, Nicolás Delgado Arellano, Oswaldo Arturo Vázquez Castillo, Raúl Cisneros García, Rubén Aldaín Marín, Salvador Herrera Román, Zulay Marino Rodríguez, Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández.
La sentencia es definitiva por lo que el Ministerio Público no puede presentar ningún recurso para apelar la sentencia del Tribunal Colegiado.
¿Por qué no sale de la cárcel José Luis Abarca?
El 17 de mayo pasado José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue sentenciado a 92 años de cárcel al ser hallado culpable de los delitos de secuestro y secuestro agravado en contra de siete activistas del Movimiento Campesino Popular (MCP); además de que deberá pagar una reparación de daño por un monto de 920 mil 700 pesos, sustituible por 15 mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad.