Una investigación preliminar de Transparencia Mexicana reveló que el 84% de los legisladores federales y estatales en México no publicaron su declaración patrimonial, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”; además, en los congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no fue posible conocer los intereses de ninguno de los legisladores.
En cambio, la organización identificó que solo el 16% (277) del total de los legisladores del país presentó y publicó sus intereses, como lo establece la legislación mexicana.
El 84% de legisladores restantes (1,462 de 1,739 legisladores) no publicaron su declaración, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”.
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En México, la ley establece que todo servidor público tiene la obligación de presentar y publicar una declaración de intereses para verificar que las decisiones tomadas se hagan en nombre del interés público y no para su beneficio personal. La Ley General de Responsabilidades Administrativas fija el 31 de mayo como la fecha límite para que legisladoras y legisladores presenten y publiquen su declaración patrimonial y de intereses. Los órganos internos de control son responsables de iniciar un proceso de investigación y sanción contra aquellos servidores públicos que incumplen esta disposición de ley.
“Cuando un legislador o legisladora no hace pública la información sobre sus intereses personales –por ejemplo, si participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público– incrementa el riesgo de conflicto de intereses durante su mandato”, destacó Transparencia Mexicana.
Diputados federales y estatales, en opacidad
Un análisis preliminar de la UTRAC de Transparencia Mexicana identificó que en el ámbito federal, 69% (433 de 627) legisladoras y legisladores federales de la Cámara de Diputados y de Senadores no revelaron información sobre aquellos intereses personales que pueden entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública. Es decir, no publicaron su declaración, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”.
En los estados, 93% (1,029) de los 1,112 legisladores y legisladoras de los 32 congresos estatales, se encuentran en los mismos supuestos de no revelar sus intereses.
Para Transparencia Internacional, el mayor riesgo en términos de potenciales conflictos de intereses está en el grupo de 391 legisladores que no cumplieron con su obligación de presentar y publicar su declaración de intereses: 22.5% de los 1,739 legisladores federales y estatales. Este grupo, que no publicó su declaración de intereses, se integra por 373 legisladores estatales y 18 federales.
“En el país no hay un solo órgano legislativo –ni estatal, ni federal– en el que el 100% de sus legisladores y legisladoras cumplan con las medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses. En el informe preliminar, Aguascalientes es el órgano legislativo del país en el que un mayor número de legisladores publican información sobre aquellos intereses que pueden entrar en conflicto con su función legislativa (41% de los legisladores). A este Congreso estatal, le siguen en número de legisladores que publican información sobre sus intereses, la Cámara de Diputados federal (33%) y el Congreso de Quintana Roo (24%)”.
Sin embargo, en 18 Congresos estatales no fue posible conocer los intereses de ninguno de sus legisladores. En los Congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no fue posible conocer los intereses de ninguno de los legisladores, incluso tras revisar las cuatro plataformas de información habilitadas por ley para este fin.