A las seis de la mañana con treinta y siete minutos del pasado viernes 13 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, anunció en su cuenta de Twitter, la “normalización” del servicio en la línea 7, luego de que un convoy fuera desalojado “para revisión”, lo que ocasionó el retraso del servicio, minutos después de haber iniciado sus operaciones. Sin embargo, la famosa “normalización” no ocurrió sino dos horas después del percance.
Apenas el día anterior, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo había informado que, a partir de las 14:00 horas de ese jueves, seis mil 60 elementos de la Guardia Nacional tendrían presencia permanente en las instalaciones de dicho sistema de transporte, porque —según ella— han estado ocurriendo “episodios fuera de lo normal”.
El número de elementos de la Guardia Nacional que desde entonces se encuentra patrullando las instalaciones del Metro, es superior a la suma de los elementos desplegados en los estados de Sinaloa (3,989) y Sonora (2,007) o más del doble de los que se encuentran en el estado de Guerrero (2,951), por sólo citar algunos datos comparativos; estados todos, donde el número de homicidios cometidos por la delincuencia organizada entre 2018 y la primera quincena del 2020 es superior a las 10 mil personas.
El mismo viernes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría de reportar la detención de una mujer, por parte de elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque supuestamente arrojó un aspa de plástico a las vías del Metro, en la estación Centro Médico.
Como dato relevante, el Plan Maestro del Metro 2018-2030, establece que dicho sistema de transporte requiere de una inversión superior a los 400 mil millones de pesos, en razón del grado de deterioro en el que se encuentra. Este documento fue elaborado en la época en la que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México era José Ramón Amieva.
En una solicitud de información pública formulada en enero del 2022 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se le preguntó el número de delitos registrados en las doce líneas del metro, durante el periodo comprendido entre el primero de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2021.
A través del oficio número CGIT/AAE/018/2022, el fiscal Heriberto de la Sancha Salgado, informó que sólo se habían formulado dos denuncias por acoso sexual en el año 2019 y 3 mil 368 denuncias por robo, de las cuales, el 50.8 por ciento (1,711) ocurrieron en 2018, mientras que en 2021 sólo se formularon 220 (6.5% del total del periodo). Ni una sola mención de supuestos actos de sabotaje.
En el mismo documento se informa que el número de detenidos por la comisión de algún delito, sumó 7 mil 713 personas entre 2018 y 2021, de las cuales, el 72.5 por ciento fueron apresadas en el año 2020, mientras que en 2021 —año del desplome de la línea 12— sólo fueron detenidas 325, es decir el 4.2 por ciento del total de personas detenidas en esos cuatro años.
Con relación al tipo de delitos que supuestamente habrían cometido las personas detenidas, el fiscal De la Sancha señaló que “suponiendo sin conceder que se tuviera la información del interés del solicitante, la entrega implicaría la búsqueda en cada una de las carpetas de investigación con las que cuenta este sujeto obligado, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de esta Fiscalía de Investigación, y dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la información ni presentarlas conforme al interés de los particulares”.
Sin embargo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de diciembre del 2019, señala como obligación de dicho órgano autónomo el “crear una Unidad Interna de Estadística y Transparencia, que garantice la publicación oportuna de información, de conformidad con esta ley” además de “elaborar la estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos desagregados por sexo cuando sea procedente”.
Mientras los usuarios del Metro perciben, desde hace muchos años, un sistema deteriorado en sus instalaciones (escaleras eléctricas descompuestas, torniquetes inservibles) y en sus trenes (puertas descompuestas; sistemas de ventilación que no funcionan), la Fiscalía de la Ciudad de México incumple con sus obligaciones de transparencia y la regenta, acorde con la lógica militarista del sujeto que cobra como presidente de la República, decide la militarización de un sistema custodiado por 2 mil 225 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Para tener una idea de la corrupción existente al interior del Sistema de Transporte Colectivo, basta leer el resultado de la auditoría CG/CISTTC/0003/2017, practicada al contrato 16-0059/2016, por adjudicación directa a la empresa Soler y Palau, S.A de C.V., a la que se le compraron y pagaron anticipadamente 29 millones 999 mil 999 pesos con 95 centavos, por la adquisición de seis ventiladores Veneaxial reversibles”, sin contar con la documentación que amparara la instalación de los seis ventiladores, sin verificar el cumplimiento total del contrato y sin tramitar el cobro de penas convencionales, toda vez que los equipos no estaban instalados”, lo que significa el incumplimiento de los términos del contrato y daño al erario de la Ciudad de México.