En medio de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, a la que le queda poco más de un año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) planea desembolsar más de 43 millones de pesos para la construcción de un laboratorio que formará parte de las acciones en contra de la corrupción, uno de los males del país que no deja de existir tampoco en este sexenio.
De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, una organización que, desde los años 90, clasifica a casi 180 países según su percepción e índices de corrupción, México se mantiene en un punto medio, mostrándose en una tonalidad entre naranja y rojo oscuro. El primer año del actual gobierno, de acuerdo con los datos de esta organización, México se encontraba con 33 y no ha logrado aumentar más de dos puntos.
En el documento de la Secretaría de la Función Pública, en manos de La Silla Rota, se indica que la dependencia planea invertir 43,895,289 pesos en la construcción y equipamiento del Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad de Obra Pública, esto en el marco de las acciones del gobierno de la 4T para combatir la corrupción. Del total, 3,988,265 pesos se erogaron en 2022, el monto más alto se destinará en este 2023, con 31,273,547 pesos y en 2024 se requerirán otros 8,633,476 pesos.
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Laboratorio anticorrupción de 43 millones de pesos
En palabras del documento de la Secretaría de la Función Pública, el objetivo de fortalecer la batalla contra la corrupción en México es por ello por lo que se realizará la construcción de un laboratorio de 43 millones de pesos. Este desarrollo, de acuerdo con el documento, se da en el marco de la intensificación de los esfuerzos por mitigar los actos de corrupción en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
El documento menciona que el laboratorio forma parte de las estrategias para reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo funcionamiento eficiente proporciona a la ciudadanía la confianza en el correcto uso de los recursos públicos. Además, se busca castigar con todo el rigor de la ley a los funcionarios que incurran en posibles responsabilidades administrativas, siempre justificado mediante la demostración documental de su responsabilidad.
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A raíz de la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, la SFP ha adquirido un conjunto de facultades que buscan mejorar la eficacia en la supervisión y control de los recursos públicos. Estas incluyen la organización y coordinación del sistema de control y evaluación gubernamental, la coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la evaluación de los resultados de la aplicación de los recursos federales, y la cooperación con la Auditoría Superior de la Federación, evitando la duplicidad de funciones.
En el documento se agrega, además, que la Secretaría tendrá la potestad de llevar a cabo la política general de la Administración Pública Federal para asegurar el cumplimiento de las leyes de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.
Los “nuevos” juguetes de la Secretaría de la Función Pública
El nuevo laboratorio, con una inversión de 43 millones de pesos, busca incrementar la capacidad de la SFP para realizar pruebas de verificación de la calidad de los materiales de construcción utilizados en obras públicas. Se espera que con su operación se realicen 7,064 nuevos ensayos y pruebas, incrementando de manera significativa los 3,374 servicios que actualmente se realizan con los tres laboratorios móviles existentes.
La construcción y equipamiento del nuevo laboratorio se llevará a cabo en la alcaldía Álvaro Obregón, ubicado en la calle de Gustavo E. Campa No. 40, col. Guadalupe Inn, C.P. 01020. Este laboratorio representa una inversión de casi 44 millones de pesos, enfocada en la verificación de calidad de los materiales utilizados en obras públicas.
El edificio se distribuirá en dos plantas, cubriendo una superficie total de 2,255.34 m2. En la planta baja, de 1,450.97 m2, encontraremos una distribución diversa de áreas, desde almacenes y talleres, hasta oficinas y una sección específica para la Bitácora Electrónica. Entre los espacios destacados, se incluyen áreas dedicadas al análisis de concreto, asfalto y geotecnia. Además, se contará con una superficie considerable de 200 m2 dedicada a pasillos, facilitando la movilidad dentro del recinto.
Por otro lado, la planta alta albergará una serie de oficinas y salas de juntas, una zona de trabajo específica para auditores y una cocineta. El diseño de esta planta, con una superficie de 804.37 m2, tiene en mente la optimización de los espacios y la creación de un ambiente propicio para la labor del equipo de la SFP, según el propio documento.
Este laboratorio se proyecta como un espacio funcional y moderno. En su construcción se contemplan trabajos de obra negra, como albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, voz y datos, contraincendio y detección de humo. Además, se prestará atención a los acabados, incluyendo pintura, pisos, plafones y la colocación de puertas y lambrines. Los sanitarios contarán con todas las instalaciones necesarias, desde lavabos y mingitorios hasta mamparas.
La compra de equipo de laboratorio, según la SFP, permitirá la verificación de calidad de diversos materiales, desde acero y concreto hasta terracerías y asfalto. El equipamiento con muebles de oficina, como módulos de escritorios, sillas, archiveros y mesas para sala de juntas, busca proporcionar un entorno laboral confortable y eficiente.
Por último, el documento menciona que el proyecto contará con la supervisión externa para el control y seguimiento de los avances físico-financieros, garantizando el adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos.
El ambicioso proyecto del Laboratorio Anticorrupción, emplazado en la alcaldía Álvaro Obregón, representa una inversión significativa en infraestructura y equipamiento. Su propósito, de acuerdo con el gobierno y la SFP, será fortalecer la capacidad de vigilancia y control de calidad en la gestión de recursos públicos.
El proyecto ejecutivo, que abarca desde los estudios preliminares hasta la maqueta, asciende a 3,988,265 pesos. Entre estos gastos, se incluyen los estudios de mecánica de suelos, la actualización del anteproyecto y la elaboración de un extenso catálogo de conceptos con volúmenes y cantidades de obra.
Además, se destacan los trabajos para la construcción del laboratorio, que comprenden diversas actividades desde la obra negra hasta el suministro y colocación de muebles sanitarios, sumando un total de 26,400,434 pesos.
Dentro del rubro de equipamiento, se prevén varios gastos significativos, la inversión más alta corresponde al Escáner de Concreto PS 1000 X-SCAN. Este dispositivo, de vital importancia para el análisis estructural y la localización de objetos empotrados en concreto, tiene un costo de 1,929,826 pesos.
Otro componente significativo son los instrumentos de topografía y cartografía, incluyendo una antena receptora GPS multibanda y varios accesorios, ascendiendo a un costo de 800,549 pesos. Asimismo, el detector de fallas en rieles, un dispositivo ultrasonico de la marca Krautkramer- GE Inspection Technologies, modelo SPE 3, tiene un valor de 1,003,929 pesos.
Finalmente, para facilitar el desplazamiento y el trabajo de campo, se prevé la adquisición de tres camionetas tipo pick up 4x4, con un motor 2.5L I4 Gas, 164HP y 167 lb-pie, por un total de $2,766,590 pesos.
Costos operativos del laboratorio de la SFP
El Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública representa una inversión de 43,895,289 pesos. Este proyecto incluye no solo la construcción y equipamiento del laboratorio sino también su mantenimiento anual, que asciende a 417,458 pesos.
Además, los costos de operación del laboratorio suman un total de $3,212,951 pesos anuales. Por lo tanto, el costo total anual para mantener este laboratorio en funcionamiento es de 3,630,409 pesos.
La corrupción del sexenio, predicar con el ejemplo
Las revelaciones de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, han afectado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con acusaciones que sobrepasan los 12 mil millones de pesos, este caso, apodado "Estafa Maestra de la 4T", ha eclipsado a su homóloga del sexenio anterior, que implicó la malversación de 5 mil millones de pesos.
Aunado a esto, el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se encuentra bajo escrutinio público debido a las filtraciones por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya. Estos revelaron correos que demuestran que el general Sandoval, junto con su familia y una comitiva, disfruta de viajes exorbitantes al extranjero. Destinos de lujo como Nueva York, Moscú y Florencia figuran en sus itinerarios.
En febrero de 2022, Promatech logró un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 73 millones de pesos para suministrar materiales de protección.
No obstante, la polémica se agudiza cuando el alto mando del ejército es confrontado con la adquisición del inmueble. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el general Sandoval aceptó la compra del inmueble. De esta manera, alegó que el mismo estaba en obra gris, es decir, sin acabados, desde hace más de 11 años. Según el general, su adquisición, financiada con un préstamo del ejército, ascendió a un poco más de 9 millones de pesos, a pesar de que los precios en el mercado rondan los 30 millones.
Un dato importante que considerar es la procedencia de la lujosa propiedad. Según la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la vendedora del departamento, Alejandra Aguilar Solórzano, es una socia en una empresa que ha trabajado como proveedora de la Sedena, y que obtuvo un contrato de dos años después de la transacción del departamento
El caso del departamento de lujo en Bosque Real no es un incidente aislado, sino que se suma a la serie de controversias que envuelven a la Sedena en los últimos tiempos. Los viajes de lujo del general Sandoval y su familia, el uso de aviones y helicópteros de la Sedena para su confort personal, y la evidente falta de austeridad, parecen contradecir la política de transparencia y austeridad que el gobierno de la 4T prometió.
Al final del día, estos escándalos de corrupción y falta de austeridad no sólo manchan la imagen de la Sedena y del gobierno de la 4T, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Este es un problema que trasciende a las personas involucradas y se convierte en un desafío para la democracia y la gobernabilidad en México. Es responsabilidad de todos exigir rendición de cuentas y transparencia, no sólo de los funcionarios en cuestión, sino de todas las instituciones del país.
MRV