Tras el revés que sufrió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el acuerdo del 22 de noviembre de 2021 que blindaba las obras consideradas prioritarias al categorizarlas como de “seguridad nacional”, el mandatario emitió un nuevo "decretazo" en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Este jueves, el ministro Javier Laynez, sobre la controversia promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y ante la insistencia de los ministros que votaron en contra (Arturo Zaldívar, Yasmnín Esquivel y Loretta Ortiz) que el acuerdo no estaba encaminado a la reserva de información, afirmó que como tribunal constitucional sí tiene obligación de saber el objetivo y consecuencias que dice este artículo que declara de interés público y de seguridad la ejecución de obras. “El fin es la reserva de información y la adjudicación directa”.
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¿Qué dice el nuevo "decretazo"?
ARTICULO PRIMERO.- Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
ARTICULO TERCERO.- La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
INAI responde a decretazo: analizará mecanismos legales
El INAI informó que analizará mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, ante nuevo Decreto del Ejecutivo.
AMLO se vuelve a lanzar contra la Corte
Este viernes 19 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el nuevo decreto implique que se vaya a ocultar información sobre las obras que se construyen. "No hay ninguna disposición legal para negar información, pero es parte de la propaganda en contra" del gobierno, dijo durante su conferencia mañanera.
“Pero si tenemos que proteger las obras porque estos corruptos pueden pararnos las obras, como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo", agregó.
El presidente acusó que existe un grupo amplio en contra del gobierno que encabeza, al volver a señalar el financiamiento que organizaciones civiles en México reciben por parte del gobierno de Estados Unidos. Tras ello, el presidente volvió a arremeter en contra de medios de comunicación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"La Suprema Corte que esta completamente en contra de nosotros y de la transformacion del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer, me llegó una información, acerca de que la presidenta de la suprema corte, no es eso de lo del chat, no, eso no, otra cosa que me preocupó más", dijo el presidente López Obrador.
El presidente aprovechó para señalar que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña habría contratado a Sonia Vargas Terrero, quien estaría implicada en la investigación que se tiene contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, al participar en la entrega de contratos a empresas que se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, cuando fungía como directora de Recursos Materiales de la extinta Policía Federal Preventiva, aseguró el mandatario.
El 1 de abril de 2023 la ministra presidenta de la SCJN la contrató como directora de la coordinación de administración del Consejo de la Judicatura Federal. Vargas Terrero fue directora de Recursos Materiales de la Policía Federal, durante 14 años, desde 2008, incluido el sexenio de Enrique Peña Nieto. Antes fue directora de Adquisiciones un año y tres meses en la misma dependencia. Su paso por el gobierno también incluye la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al final del sexenio de Peña Nieto.
El nombramiento de Vargas Terrero, no obstante, fue hecho por la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, y aprobado por la Comisión de Administración de ese órgano, en la que no participa la ministra presidenta de la Suprema Corte, de acuerdo con información de Reforma.
La Comisión la integran 2 consejeros del Poder Judicial, los magistrados Sergio Molina Martínez y Lilia Mónica López Benítez, además de Bernardo Bátiz, consejero designado por el propio Andrés Manuel López Obrador en 2019.
En específico, dentro del Consejo de la Judicatura Federal, Vargas Terrero se desempeña como directora de área en la dirección de Control de Nóminas, a su vez adscrita a la Coordinación de Administración Regional en la Ciudad de México.