La inteligencia civil del Estado mexicano siempre ha estado en entredicho. O son acusados de espiar con fines políticos o les endilgan nexos con la criminalidad, desde sus inicios hace casi un siglo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción y, además de operar en la opacidad, su sede central se encuentra en condiciones cuya vida útil concluyó.
Un documento oficial reporta que “el inmueble donde se ubican las oficinas centrales del Centro Nacional de Inteligencia (…) fue construida (sic) hace más de 30 años, por lo que al día de hoy parte de sus instalaciones ha concluido con su vida útil”. Según el Proyecto de Infraestructura Gubernamental. Actualización y fortalecimiento del sistema eléctrico revela un pequeño detalle en una de las instituciones que debieran ser fundamentales para la toma de decisiones.
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Carlos Salinas de Gortari le compró en su gobierno una idea a Jorge Carrillo Olea, un ingeniero que conocía más de política que de ecuaciones, estructuras o máquinas: crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Jorge Tello Peón había sido analista con Carrillo Olea en los años 80 y esa experiencia le valió para que le confiaran la dirección del nuevo centro de inteligencia civil, porque, además, purgó a la extinta y antecesora Dirección Federal de Seguridad de comandantes que cobraban al narco para dejarlos operar. En 1989 se instalaron en una vieja hacienda en el sur de la Ciudad de México.
Tello Peón, considerado el “ingeniero de la inteligencia civil” en México dejó el servicio público y se fue a trabajar a la iniciativa privada.
Que hoy el sucesor del Cisen esté en un inmueble cuyas instalaciones, en alguna de sus partes, haya “concluido su vida útil”, es la metáfora de un sistema en problemas. Cuando ocurrió el ataque a las torres gemelas en Nueva York, en septiembre de 2001, George Tenet, director de la CIA, supo desde el primer momento que pudo ser Al Qaeda, debido a los continuos reportes que ya tenían. Y no estaba equivocado.
El documento, al parecer para una obra menor porque casi está totalmente testado, usa a Google maps para indicar a la Secretaría de Hacienda dónde están.
Un estudio de Casede, especializado en temas de seguridad, revisó el presupuesto para el Cisen desde el 2000 al 2016. De acuerdo con su registro, en el 2000, con Vicente Fox, le asignaron 900 millones de pesos. En 2006, al cierre del sexenio de Vicente Fox, este organismo recibió 1,153 millones de pesos.
Con Felipe Calderón (2006-2012) el gasto del Cisen pasó de 1,153 millones de pesos a 2,766 millones de pesos en 2012. El cierre del estudio marca 3,273 millones de pesos en 2016 con Enrique Peña Nieto. Es interesante que en el caso de López Obrador en 2019 inició con 2,490 millones de pesos y para este 2023 el presupuesto marca 2,813 millones de pesos.
- 2,490,693,791 (2019)
- 2,626,857,454 (2020)
- 2,603,458,459 (2021)
- 2,809,160,127 (2022)
- 2,813,446,355 (2023)
- 13,343,616,186 (TOTAL)
- FUENTE: SHCP
Espías espiados y otras historias
El Cisen fue creado el 13 de febrero de 1989. En 2005 se publica la Ley de Seguridad Nacional y se establecen los términos de la corresponsabilidad de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, en materia de seguridad nacional, así como las atribuciones, alcances, límites y mecanismos de control sobre el Cisen. El 1 de diciembre de 2018, con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Cisen se transformó en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y quedó adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ernesto Zedillo pasó sin pena ni gloria con el Cisen. En conflictos como la huelga de la UNAM, que está por cumplirse un aniversario más de su estallido el 20 de abril de 1999, tenía “espías” o agentes que se infiltraban entre estudiantes paristas y hasta con periodistas. En las conferencias de prensa de la CNTE, la organización magisterial hoy silenciada en la 4T, era común ver cómo los agentes del Cisen tenían los arrestos hasta de preguntar.
Con Vicente Fox se vino una oleada de recortes presupuestales, pero las actividades continuaban de la misma forma. En una ocasión un grupo de profesores que ofrecía una conferencia de prensa a las afueras de la Fiscalía contra la guerra sucia, creada por Fox, para un proceso que se le seguía a la profesora Elba Esther Gordillo, comenzó a entregar una serie de documentos y uno de los “espías” dijo ser de un medio de comunicación, sin saber que a su lado estaba el periodista. No se inmutó cuando lo exhibieron, tomó los documentos y se fue.
Hay algunas historias de “éxito” de los agentes del Cisen. Por ejemplo, la captura en febrero de 2017 de Ángel María Tellería, apodado Antxoka o Koldo, presunto miembro de la organización terrorista vasca ETA, gracias al trabajo de inteligencia del Cisen.
En abril de 2015, el Cisen en colaboración con la Procuraduría General de la República detectaron a un comando que supuestamente buscaba asesinar al entonces diputado federal Ricardo Monreal Ávila, hoy senador de Morena.
La noche del Grito de Independencia en 2008, manos criminales detonaron explosivos que dejaron muertos y una estela de heridos en pleno zócalo de Morelia, Michoacán. El Cisen había reportado señales del ataque.
En 2011 se difundieron cables de Estados Unidos de WikiLeaks y ahí se supo que con Felipe Calderón el Cisen facilitó al FBI interrogar a migrantes centroamericanos.
En julio de 2012 Felipe Calderón envió a integrantes de su gabinete a los estados el día de la elección presidencial en la que ganó Enrique Peña Nieto. Ivonne Ortega, entonces gobernadora de Yucatán y actual diputada de MC, ignoró a Bernardo de la Garza, titular de la Comisión Nacional del Deporte. De la Garza se la pasó en su hotel en Mérida y hasta las seis de la tarde pudo hablar con Ortega.
Bruno Ferrari, secretario de Economía, le dio seguimiento a Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León. A él sí lo recibió Medina. Ahí comentó pormenores en una red que armaron vía Blackberry, el mecanismo preferido de comunicación en el calderonismo.
En su momento, a pregunta expresa publicada en El Universal, Salomón Chertorivsky, quien era secretario de Salud de Calderón, dijo que “efectivamente. Nos solicitaron ser enlaces institucionales a algunos de nosotros. Única y exclusivamente para mantener la comunicación, que si hubiera algo, que fue lo que a mí me solicitaron, si hubiera algo en la entidad que quisieran tener comunicación directa pudiéramos servir de enlace”.
A Chertorivsky le correspondió estar en contacto con Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y actual canciller.
Pero de Chihuahua, Veracruz y del Estado de México antes de las 15:00 horas los enviados a esas tres entidades reportaron que allá se conocían encuestas del Cisen. Daniel Karam, director del IMSS, estaba en Toluca e informó al grupo que en el gobierno mexiquense tenían “las encuestas del CISEN”, y que en ellas “el candidato presidencial del PRI va ganando”.
Esto fue informado a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. Jaime Domingo López Buitrón era el director del CISEN.
En diciembre de 2015, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, liberaron al delegado del Cisen en el Estado de México, Jaime Ramos Neri, quien había sido secuestrado durante una semana a las afueras de su casa en Toluca, en lo que se interpretó como un machetazo a caballo de espadas.
Según López Obrador, el Centro Nacional de Inteligencia conoció de un intento por atentar contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y justo por esa alerta pudo tomar previsiones que le permitieron salvar su vida. Pero casi todo el documento está testado.
El encuestador espía
Con Felipe Calderón el Cisen tuvo durante los seis años como director a Guillermo Valdés Castellanos, un encuestador que fue de los primeros que anticipó un triunfo de Calderón en las urnas. No sabía de inteligencia, pero Calderón le confió el organismo de inteligencia civil.
En mayo de 2014 se descubrió una serie de actividades que llevaban a la conclusión de que el Cisen daba seguimiento al Congreso. El escándalo llevó a la oposición en el Senado y a la Cámara de Diputados a exigir la remoción del director Guillermo Valdés Castellanos. Por el caso sólo hubo una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Cisen para que en el futuro contratara a empresas con la experiencia que ostentan. La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió el expediente DE-38/08 para averiguar presuntas irregularidades y no llegó a nada.
Aunque en julio surgieron más elementos de las actividades del Cisen y frente al escándalo, el entonces vocero de la Secretaría de Gobernación, Miguel Monterrubio, quien falleció en el avionazo con Juan Camilo Mouriño, le organizó una reunión a Valdés corresponsales extranjeros para explicarles que el Centro no se dedicaba al espionaje.
El Financial Times publicó que una de las revelaciones que les hizo Valdés fue que “el Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de legisladores)”.
El dicho atribuido a Guillermo Valdés reavivó el escándalo que ya tenía meses y despertó la furia de diputados y senadores de todos los partidos de oposición, menos del PAN, quienes le exigieron a Calderón denunciar a los legisladores. Y que se fuera. Felipe Calderón los ignoró y mediante un comunicado de Mouriño les informó que destituir al director del Cisen era su potestad. Y se quedó.
Inteligencia que vale un peso
En un reporte de 2016, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que contaba entonces con 313 bienes inmuebles en todo el país con un valor de 28 mil millones 698 millones 416 mil 512 pesos. Incluían desde la sede donde despacha el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López, en la calle de Bucareli, en la capital dy convertidas en el gobierno de López Obrador en centro turístico.
La antigua cárcel de Lecumberri, que desde 1982 alberga al Archivo General de la Nación –con 48 kilómetros lineales de documentos– o la misma sede de Gobernación en Bucareli, son bienes con un valor histórico y están protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que son invendibles, pero para su registro contable su precio es de 1 peso, aunque pareciera otra metáfora del valor que le dan todos los gobiernos, sean del signo que sean. Es el caso de la ex hacienda en el sur de la Ciudad de México de lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, y que en el actual gobierno pasó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sin seguimiento
En 2017 el Comité de Inteligencia del Senado en Washington puso contra las cuerdas al presidente de Estados Unidos, con una investigación sobre la eventual injerencia de Rusia en el proceso electoral de 2016, e interrogó a uno de los actores en el escándalo, el ex director del FBI, James Comey, en sesiones públicas presididas por Richard Burr, del mismo partido que Donald Trump.
En México el problema es mayor. Una iniciativa de la senadora Imelda Castro (Morena) plantea que debe reforzarse la rendición de cuentas del Centro Nacional de Inteligencia ante el Congreso. De hecho, integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional aseguran que no han visto al general Audomaro Martínez Zapata, director del CNI, y amigo del presidente López Obrador.
Es más, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional hoy no cuenta con un presidente o presidenta, debido a que no se han reunido.
La iniciativa de la legisladora de Morena explica que “el primer antecedente que se puede observar en materia de control de las actividades de seguridad nacional son los comités selectos de inteligencia en el Senado y la Casa de los Representantes de los Estados Unidos los cuales datan de 1976 y 1977 respectivamente. Sin embargo, más que por su ya larga data, su importancia recae en los motivos que origina su creación los cuales se vinculan a abusos por parte de la comunidad de inteligencia tanto como a la ausencia de una supervisión y rendición de cuentas del poder ejecutivo al legislativo.
Posteriormente el modelo de comités o comisiones fue reproducido por diversos países mediante reformas legislativas de 1979 a 1997. Todos estos procesos de creación de comités o comisiones se orientaron en la necesidad de control y supervisión de las áreas de inteligencia en materia de seguridad nacional, pues por su naturaleza estas podrían incurrir en abusos y violaciones a derechos humanos”.
La senadora de Morena sostiene que el Congreso de la Unión integrado por sus dos Cámaras, además de sus funciones legislativas y presupuestarias, ejerce también funciones de control hacia el poder Ejecutivo. Esta función se lleva a cabo a través de ambas Cámaras y está dada en el sentido de inspección, fiscalización, comprobación y revisión que llevan a cabo sobre las actividades del Ejecutivo Federal.
Esta participación del Congreso como órgano de control dentro del Estado, puede entenderse como una consecuencia directa de la aplicación de la separación de funciones y de la concurrencia de poderes en torno a la actividad conjunta del Estados, constituyendo así uno de los elementos fundamentales de un Estado democrático”.
Y puntualiza: “El fortalecimiento operativo y funcional de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional es de suma importancia para el Congreso de la Unión pues su función de control y evaluación conlleva el ejercicio de importantes facultades de la Comisión que tienen que ver con la comunicación con el Consejo de Seguridad Nacional y con el actual Centro Nacional de Inteligencia, a través del intercambio de información y la rendición de cuentas. Asimismo, no deja de ser trascendente que en la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República se está buscando darle una nueva orientación a la política de Seguridad Nacional”.